El curso escolar 2014-2015 que concluyó el 14 de julio resultó afectado por los paros que realizaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en rechazo a la evaluación a que deben someterse los mentores como lo establece la reforma educativa.
Los 200 días de cátedra que prevé el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se cumplieron, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde los alumnos resultaron afectados durante varias semanas en perjuicio de su formación educativa a consecuencia de la interrupción de labores por las protestas magisteriales.
El mayor número de días perdidos por las movilizaciones se registró en las escuelas oaxaqueñas, que interrumpieron actividades durante más de dos meses, mientras que en los planteles guerrerenses, chiapanecos y michoacanos el promedio de paros fue de un mes.
Durante este periodo la actividad educativa resultó afectada también por el proceso electoral, ya que una semana antes de los comicios del domingo 7 de junio la SEP anunció que se suspendería de manera indefinida el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior.
Esta medida desató fuertes reclamos contra la institución por parte de analistas, legisladores y organizaciones sociales que aseguraron que la decisión era para evitar que los profesores disidentes cumplieran su amenaza de boicotear los comicios, como habían anunciado.
Tras las fuertes críticas, y una vez concluidas las elecciones, la SEP informó que la evaluación se realizaría conforme a las fechas establecidas previamente, con lo que el proceso continuó.
Amplia participación
El calendario establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para la evaluación de Educación Básica y Media Superior ha enfrentado una férrea oposición de los maestros disidentes, quienes además de los paros laborales, mítines y plantones que han realizado en la capital del país y en las entidades donde mantienen una fuerte presencia, se han movilizado para tratar de impedir que los maestros inscritos en el proceso se sometan a la evaluación, tratando de inhibirlos con amenazas y bloqueos en las sedes de los exámenes.
Sin embargo, hasta el momento la participación ha sido numerosa pese a los constantes amagos y amenazas.
En el caso de los aspirantes a ingresar a primaria, de los 26 mil 15 que se inscribieron participó 81.05% de sustentantes. Por lo que hace a la evaluación para ingresar al nivel preescolar, se inscribieron 36 mil 306 aspirantes.
Este proceso de evaluación no se pudo realizar en Oaxaca y Michoacán al no existir condiciones de seguridad para los participantes, por lo que las autoridades educativas determinaron reprogramar la evaluación para próximas fechas.
El coordinador nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, Ramiro Álvarez Retana, garantizó el respeto a los derechos de los maestros que se someterán a la evaluación obligatoria de desempeño a partir de septiembre.
Reiteró que los profesores que presenten la evaluación de desempeño conservarán su plaza con el nombramiento que ostentan e inclusive, dependiendo de los resultados, podrán recibir incentivos, incluido incremento salarial.
Por ello exhortó a los participantes y a sus directivos a continuar con las actividades que corresponden al envío de la información de las dos primeras etapas de la evaluación.
El funcionario explicó que la primera etapa será la aplicación del examen nacional de conocimientos y habilidades para la práctica docente, con duración de tres horas. La segunda etapa, también de tres horas, será el examen nacional de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. Y una tercera etapa consistirá de exámenes complementarios o adicionales, por otras tres horas, para evaluar aspectos relacionados con particularidades de los servicios educativos en cada entidad.
Álvarez Retana informó que de los participantes registrados a funciones docentes 28 mil 288 participan para nivel preescolar, 43 mil 802 para primaria, 44 mil 829 para secundaria, diez mil 372 para telesecundaria, once mil 986 para educación especial, 190 para educación básica de adultos, 205 para misiones culturales, y nueve mil 991 para educación física.
Estrategia
El proceso de evaluación aplicado durante el ciclo escolar que recién concluyó es la principal demanda de los profesores de la CNTE, quienes mantienen su negativa de someterse a ella y para lo cual han proseguido su estrategia de suspender clases, realizar manifestaciones en el Distrito Federal, plantones en las capitales de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y amenazar primero con impedir la realización de las elecciones del domingo 7 de junio y después frenar las evaluaciones, sobre todo en Oaxaca y Chiapas.
Durante la jornada electoral, los maestros inconformes impidieron la instalación de casillas en Oaxaca y Guerrero pero sin lograr la anulación de los comicios, aunque sí impidieron la instalación de decenas de casillas.
Por lo que hace al proceso de evaluación, la asistencia de los profesores ha superado 80% de los inscritos y solo en los dos estados más conflictivos se han suspendido de manera provisional y se han fijado nuevas fechas para su realización.
El rechazo de los maestros inconformes se agudizó el domingo 5 de julio, cuando evitaron que varios profesores en Chiapas presentaran su examen y los raparon como una forma de escarmiento por no sumarse a su protesta, acción que recibió una condena generalizada y mostró el grado de intolerancia en que han incurrido en su pretensión de no someterse a la evaluación obligatoria.
Para los analistas consultados, esta acción humillante para la dignidad humana y hacia integrantes del mismo gremio magisterial mostró una vez más el rostro intolerante de un movimiento que no duda en suspender clases durante semanas en perjuicio de la calidad de la enseñanza de millones de alumnos.
Constitucional
En este contexto de protestas y rechazo de los maestros disidentes a la reforma educativa y a la evaluación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el proceso de evaluación al que tienen que someterse los profesores es constitucional y no viola su derecho humano de estabilidad en el empleo.
Después de varias sesiones en que analizaron los principales argumentos esgrimidos en miles de amparos interpuestos por mentores contrarios a esa disposición establecida en la reforma educativa, la mayoría de los ministros determinó que las leyes secundarias de la reforma educativa son constitucionales y no afectaban las garantías de trabajo de los maestros.
El pleno de la Suprema Corte estableció que los cuatro artículos que prevén la evaluación no violan el derecho humano de los profesores de estabilidad en el trabajo ni vulneran su garantía a la dignidad humana ni a un nivel de vida adecuado, y no perderán su plaza en caso de que no aprueben la tercera evaluación que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Frente común
En apoyo a la evaluación, los responsables de las áreas educativas del país hicieron un reconocimiento a este proceso durante la declaración aprobada en la XXXVII Sesión Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la que acordaron integrar un frente común que aglutine a los tres órdenes de gobierno, a la sociedad en su conjunto, los padres de familia y los propios maestros, con el propósito de impulsar la calidad educativa, la equidad y la inclusión que alienta la reforma educativa con el objetivo de priorizar el interés superior de la infancia y la juventud.
En el encuentro las autoridades federales y estatales valoraron la participación de profesores de México y afirmaron que la evaluación de ingreso, promoción y desempeño docente representa una gran oportunidad para avanzar en la profesionalización del magisterio.
“Nos permite orientar las distintas opciones de regularización, actualización, capacitación y formación continua, fortaleciendo sus competencias y habilidades para lograr el aprendizaje de los alumnos, y en este sentido apoya el avance de los maestros en su trayectoria profesional. Para tales efectos siempre se habrá de identificar la diversidad de contextos en los que se realiza la labor docente”, resaltaron.
Se comprometieron a establecer las condiciones para que se lleven a cabo con puntualidad, transparencia y objetividad los procesos de evaluación y poner a disposición de los docentes información clara y precisa de las etapas, instrumentos y resultados de la evaluación, así como guías y materiales con el propósito de que los docentes puedan prepararse para presentar sus evaluaciones de manera de que estas cumplan su propósito formativo, lo que permitirá consolidar un ambiente de confianza y certidumbre en toda la comunidad educativa con respecto a los procesos evaluativos.
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó por su parte que uno de los aspectos fundamentales de la reforma educativa es la evaluación de los docentes, ya que por primera vez las promociones serán obtenidas mediante el mérito de cada maestro.
“Se trata de un verdadero cambio de paradigma que enfrenta resistencia de algunas minorías. Lo cierto es que este nuevo modelo beneficia a todos, a maestros y a alumnos por igual, y por eso su implementación no tendrá marcha atrás. Es una obligación constitucional y estamos para cumplirla”, aseguró.