La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ejercía su voluntad política y económica sobre el desaparecido Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO).
Documentos oficiales y auditorías indican cómo la organización sindical tenía control en la operación y recursos de la dependencia.
Este poder tiene su origen en el acuerdo entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), firmado el 28 de octubre de 1992, apenas meses después de la creación del IEEPO.
Los beneficios de este convenio son palpables en convocatorias para ascensos y en los acuerdos de asambleas de la CNTE.
Una auditoría a los recursos del instituto, por su parte, reflejan un manejo poco claro en su administración.
El presupuesto del IEEPO, aprobado para el ejercicio fiscal 2015, se ubicó en 17,788 millones de pesos, una tercera parte de los 57 mil 182.2 millones totales para Oaxaca.
El dominio político de la CNTE
El 28 de octubre de 1992, el entonces gobernador oaxaqueño Heladio Ramírez López y el secretario de la Sección 22 del SNTE, Erangelio Mendoza González, firmaron un acuerdo histórico.
La minuta “legitimó” el control casi absoluto del magisterio sobre el IEEPO, la institución creada meses atrás.
Los puntos del convenio estipulan lo siguiente:
- Reconocer la personalidad jurídica de la Sección 22 del SNTE (CNTE).
- Otorgar un “banco de plazas” como “patrimonio” de la Sección 22.
- La designación de funcionarios del IEEPO estará basada en propuestas de la Sección 22.
- La creación de un Ministerio Público especial para la investigación de delitos relacionados a los trabajadores de la educación. El órgano contará con la participación de 3 abogados, designados por la Sección 22.
- Los hijos de los trabajadores de la educación recibirán 500 becas “cuyo monto asciende a 300,000 pesos”.
- El gobierno del estado destinará 10,000 millones de pesos para un fondo de construcción y remodelación de casas de maestros.
- La creación de una Comisión Magisterial de Derechos Humanos exclusiva para trabajadores de la educación.
- El gobierno estatal otorgará recursos “suficientes” para proyectos permanentes de actualización de maestros. También dará materiales de estudio, apoyos didácticos y estímulos económicos para los instructores y asistentes a los cursos.
- Cualquier iniciativa de ley o disposición general en torno a la educación requerirá de la participación del comité ejecutivo y maestros de la Sección 22.
- Revisar y ampliar el “fondo de arraigo comunitario”.
- El estado comprará o construirá un edificio para la Sección 22.
Acuerdo Oaxaca-IEEPO by vertigopolitico
A 23 años de su firma, el acuerdo dejó para el magisterio –además de beneficios económicos- el control político de la educación en Oaxaca.
Una muestra de ello es la “prohibición” a maestros de participar en la evaluación aplicada en torno al Servicio Profesional Docente.
Esta medida responde al rechazo que la CNTE manifiesta hacia la Reforma Educativa y todo lo que derive de ella.
Una circular membretada, con fecha del 17 de junio de 2015, gira instrucciones para evitar que los docentes participen en lo que llaman “evaluación punitiva”.
El apoyo al tráfico de las plazas docentes, por su parte, queda al descubierto en las propias actas de sus asambleas.
El acuerdo 21 en el acta del 11 de junio de 2015 indica el respaldo a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) en su exigencia por plazas automáticas.
Rechazan también “cualquier forma de evaluación” para la asignación de plazas automáticas.
Otro ejemplo de esto es la convocatoria para los concursos de ascenso a director, subdirector y supervisor en secundarias de Oaxaca.
La convocatoria para los 3 cargos requiere que los aspirantes presenten una constancia de participación sindical con un mínimo de 80%. Este documento debe ser expedido por el secretario general y de organización de su delegación o centro de trabajo.
Los ascensos y plazas no son los únicos “beneficios” que la sección 22 condicionó a sus agremiados a cambio de su lealtad.
El acuerdo 13 de su acta de asamblea, fechada el 23 de noviembre de 2013, ordena a los Niveles Educativos retomar las constancias de participación sindical con 80% para otorgar becas, préstamos, ascensos, contrataciones y recontrataciones, entre otros.
La represión de la CNTE hacia los miembros que realicen algún acto, casi arbitrario, es también palpable.
Los pronunciamientos de su acuerdo del 20 de noviembre de 2013 incluyen:
La exigencia para expulsar a miembros que otorgaron el programa estatal de vales y uniformes escolares a miembros de la Sección 59 del SNTE (a la que llaman “los espurios”).
La expulsión del director de una primaria por permitir el ingreso de trabajadores del INEGI a la misma.
Además, se pronuncia en contra de la Universidad del Golfo por permitir que sus alumnos dieran clases en una primaria durante la “jornada de lucha nacional”.
La mina de oro educativa
Las finanzas de los sindicatos en México son opacas. Hasta antes de la Ley de Transparencia promulgada en 2015, estas organizaciones no estaban obligadas a declarar cuánto dinero percibían.
Por esta razón, los registros financieros del SNTE –y por ende CNTE- no son públicos. Sólo puede hacerse un estimado con las cifras que, por ley, sí son transparentes.
El IEEPO, que obtuvo 17,788 millones de pesos para 2015, de los cuales destinó cerca de 2.07 millones de pesos al pago de sus trabajadores.
Un análisis a profundidad en los recursos en la institución puede explicar esta disparidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa los recursos que el IEEPO percibió durante 2013. En particular, los del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), provenientes del Gobierno Federal.
El reporte precisó las siguientes debilidades en la institución:
- El IEEPO carece de controles para evitar el pago a personal sindicalizado con los recursos del FAEB.
- No implementó controles para evitar el pago de compensaciones, derivadas de negociaciones estatales, a personal administrativo.
- No tuvo controles suficientes respecto a la recepción y transferencia de los recursos del fondo.
- No abrieron una cuenta bancaria específica para la recepción, administración, control y aplicación de los recursos.
La ASF detectó además las siguientes irregularidades que marcó como “probable daño y prejuicio” a la Hacienda Pública Federal, que en total sumaron 313.1 millones de pesos:
| Observación | Monto |
| Ayuda de Transporte no autorizada | 22,911,040.06 |
| Pago indebido a 190 trabajadores sindicales | 54,715,634.68 |
| Pagos indebidos a trabajadores de otras dependencias | 7,725,850.86 |
| Vestuario, otras prestaciones base, arrendamientos, impresiones, reuniones, congresos y convenciones e impuestos estatales | 211,560,463.31 |
| Recargos y actualizaciones de Fovissste y SAR | 15,398,834.66 |
| Recargos y actualizaciones de ISSSTE | 406,560.86 |
| Recargos y actualizaciones del ISR | 427,049.00 |
| TOTAL | 313,145,433.42 |