Hace 18 años, el 22 de diciembre de 1997, ocurrió lo que se conoce como la Masacre de Acteal. En la comunidad de Las Abejas, municipio de Chenalhó, murieron 45 indígenas tzotziles; de ellos, nueve eran hombres mayores y 36 mujeres y niños.
Los hechos se dieron en el contexto de un conflicto étnico intercomunitario con ausencia y omisión de la autoridad federal.
Las investigaciones derivaron en aprehensiones que con el paso de los años, como se dice desde un punto de vista coloquial, “se cayeron” por falta de pruebas y errores procesales. Aparentemente, en la actualidad no hay detenidos.
La comunidad de Las Abejas era un brazo político —y sigue siendo— del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ocuparon tierras, robaron ganado, pretendían explotar una mina de arena perteneciente a otra comunidad. La masacre no ocurrió de un día para otro: se trató de una crisis política y social a nivel local que ocupó a los medios en días previos e incluso ameritó que seis días antes acudiera el Nuncio Apostólico a conocer de la gravedad de la situación.
Gobierno estatal y federal, al no intervenir para evitar que se les acusara de reprimir a grupos indígenas que realizaban ilícitos, agudizaron la crisis que derivó en la muerte impune de 45 personas.
Algo semejante está en la raíz de los 43 de Ayotzinapa: grupos que en su vulnerabilidad económica incurren sistemáticamente en ilícitos que la autoridad no reprime para evitar la victimización y el carácter persecutorio de su propia imagen.
La comunidad de Las Abejas se desenvolvió con impunidad durante tres años, desde el levantamiento armado en Chiapas. Se cometieron delitos y se violaron derechos de otras comunidades. Pero el gobierno no intervino, en la lógica de que se trataba de delitos no graves y que sancionarlos sería políticamente muy costoso.
Experiencia
Ayotzinapa ha sido por años un foco delincuencial. Ahí los normalistas asisten a aprender cómo subvertir al Estado que financia el funcionamiento de su propia escuela. Secuestros de autobuses, bloqueos de autopistas federales, hasta homicidio. El patrón de comportamiento gubernamental ya lo conocen los delincuentes y hacen uso de ello. Hasta que ocurre una tragedia inesperada para instancias gubernamentales y víctimas que implicó en Acteal 45 muertos y en Ayotzinapa-Iguala 43 desaparecidos.
A nivel local existe en muchas partes de México una gran ineptitud y corrupción. El tema se agrava a partir de fines del siglo pasado, cuando las finanzas federales fortalecieron a las finanzas estatales y municipales, lo que robusteció su autonomía y debilitó la intervención federal en el ámbito de lo local, dando lugar a una especie de foquismo delincuencial con una base territorial y social más o menos bien delineada, con episodios periódicos de enfrentamientos violentos entre grupos rivales, como se convirtió a Michoacán durante años.
Acteal, a 18 años de distancia, no se ha resuelto a satisfacción ni de las víctimas ni del Estado de Derecho. Ayotzinapa-Iguala se encamina en la misma dirección. El último detenido de Acteal salió libre e inocente doce años después. En su momento, el gobierno de Ernesto Zedillo cometió el error de mantener el expediente abierto. Es importante que hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto recupere esa experiencia y no estemos discutiendo Ayotzinapa-Iguala en 2030.