El desempeño de toda responsabilidad genuina supone contraer riesgos personales y de todo tipo para la institución a la que se sirve, sea el matrimonio, la familia, la escuela, la oficina, el gobierno o un partido político. Una verdadera responsabilidad no es transferible; se puede tratar de eludir cuando hay que asumir costos, pero el tiempo pone las cosas en su lugar.
Esta semana que concluye el país presenció el hecho ya reiterado de dirigentes partidarios que intentan trasladar al gobierno federal la carga de la prueba en contra de políticos y candidatos de partidos, seleccionados por estos, en lo relacionado con posibles nexos con el crimen organizado.
El precedente más cercano era el de Carlos Navarrete el 28 de septiembre de 2014. Navarrete había sido electo presidente del PRD el día anterior, el 27. Se le interrogaba en un programa de radio sobre qué sanciones habría de tener el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, del PRD, por los hechos ocurridos aquel viernes por la noche que derivó en la saga de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Dados los antecedentes personales de Navarrete a lo largo de toda su biografía política, respondió que el PRD actuaría en contra de José Luis Abarca siempre y cuando el gobierno actuara contra fulano, zutano y perengano, políticos obviamente, de otros partidos.
Es decir: no importaba el comportamiento criminal en sí mismo de un funcionario o candidato, lo que contaba en la cabeza del presidente del PRD era igualar las pérdidas electorales de las sanciones aplicadas por cometer un delito.
Año y medio después los presidentes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basave, asumen una actitud semejante: solicitan que la Procuraduría General de la República se encargue de investigar pasado y presente de todos sus candidatos. Aducen que eso no es ni responsabilidad ni capacidad de los partidos políticos.
El planteamiento surge a partir de los indicios firmes de la diputada sinaloense local y aliancista, Lucero Sánchez, sobre su relación personal y eventualmente cómplice con Joaquín Guzmán Loera.
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Cabe recordar que el nexo de la diputada con El Chapo se hizo público, con imágenes incontrovertibles, a partir de julio, mes en que la diputada visitó a Guzmán en el penal del Altiplano utilizando documentación falsa.
A mediados de enero de este año la dirigencia del PAN decidió actuar, separarla del Grupo Parlamentario de ese partido en el Congreso local y respaldar el juicio político en contra de la legisladora emprendido por la PGR.
Nueve meses le tomó al PAN reaccionar y ahora quieren que el gobierno, legalmente impedido de revelar investigaciones en curso, le diga qué candidatos están exentos de sospecha y cuáles podrían ser presuntos delincuentes.
La PGR actúa bajo denuncia o querella y bajo reglas de secrecía. No puede proporcionar esa información a nadie, así sean presidentes de un partido. Además, ya quisiera uno imaginarse que la PGR con base en fama pública aconsejara no postular a cierto candidato de un partido opositor. Ese partido haría un escándalo, acusando al gobierno de injerencia y espionaje.
Lo que Anaya y Basave quieren, además de eludir su responsabilidad, es convertir al Estado mexicano en espía. Eso está bien lejos del Estado democrático que dicen demandar y es idéntico al autoritarismo cuya posible restauración dicen que rige su actuar político para evitar. De ese tamaño son.