La nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, impulsada por el PAN y aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF), cumple con los máximos estándares de fiscalización y mantiene una tendencia mundial en términos de acceso a la información pública desde cualquier óptica gubernamental y privada.
“Se trata de una ley enfocada a los derechos humanos; más allá de fortalecer los órganos político-administrativos, el ciudadano podrá pedir datos no sólo de recursos públicos, sino de actividades y ejecución de obras de alto impacto en esta ciudad”, puntualizó Ernesto Sánchez, diputado local panista.
Afirmó que con esta nueva ley la Ciudad de México se posiciona a la vanguardia a nivel América Latina, al ser un instrumento legislativo de los más avanzados en la materia.
La ley, que contiene más de 270 artículos, para el también presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión en la ALDF “es de avanzada y de las mejores del mundo, donde estamos creando precedentes como los órganos garantes de autonomía, es decir, autonomía en su totalidad y no solamente parcial como se hacía en la Ciudad de México”.
Se comenzó a elaborar, dijo, desde el inicio de la VII Legislatura; incluyó la voz de la academia, asociaciones civiles, ciudadanos y expertos en la materia. “Esta ley cuenta con el término de rendición de cuentas como un eje transversal para que el político tenga la obligación de facilitar información al ciudadano, pero también tenga el derecho humano a recibirla”.
También se consideró un apartado en el cual ahora los sindicatos y las universidades serán sujetos obligados a cumplir con las obligaciones de transparencia, con la finalidad de que todo el recurso público sea transparente y los ciudadanos tengan de primera mano la información de lo que se hace con ese dinero. A la ley se añadió la obligación de publicar las famosas declaraciones 3 de 3, en versión pública.