Corregida y aumentada la tradición del Año de Hidalgo (“chin chin el que deje algo”), en cuyo marco los funcionarios que abandonan un cargo de elección popular engordan la faltriquera a título de bono extraordinario por servicios a la nación, la modalidad ahora es cargar el peso del botín en los proveedores.
Total, el de atrás paga.
El ejemplo: la cátedra que inauguró en la actual temporada el gobernador saliente de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue adoptada ya por sus colegas de Veracruz, Sinaloa y Coahuila. Paradójicamente se trata de cuatro de las entidades federativas más endeudadas, cuyos niveles crecieron en el sexenio entre 60 y 120%. El dinero, pues, fluyó pero no para el pago de contratos.
El monto de facturas pendientes alcanza, a juicio del Consejo Coordinador Empresarial, el equivalente a 3.5% del Producto Interno Bruto. Y háganle como quieran.
El primer grito en el cielo lo puso el ex presidente de Canacintra, Rodrigo Alpízar, cuando la cuenta llegaba a 100 mil millones de pesos.
Naturalmente, la carambola ha provocado la quiebra de al menos 23 mil pequeñas empresas cuya tarea se centra en proveer de equipos menores a los gobiernos estatales, ya sea útiles escolares, ya sea insumos para aseo, ya sea uniformes o tareas de mantenimiento.
Las medianas, con contratos de suministro mayores, se truenan los dedos para sobrevivir.
En un tercer plano están las contratistas, cuyas tareas oscilan de escuelas y hospitales, hasta carreteras y caminos rurales.
A quién le importa que la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos exija cubrir en tiempo y forma los contratos pactados. A quién le importan las mil denuncias ante los órganos de control interno estatales, a riesgo de que se les coloque bola negra a los quejosos.
Fábula
En el estilo mexicano, si un gobernador de la oposición llega al relevo tiene dos vías para mantener la mora: decir que el anterior dejó la caja vacía, como ocurrió con El Bronco, es decir, Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León; o iniciar una pesquisa para asegurarse de la limpieza del proceso licitatorio.
Ahora que si el gobernador entrante es del mismo partido la excusa es que ahora tiene enfrente nuevas prioridades.
El caso más ilustrativo de los excesos lo representa un presidente municipal del norte de Coahuila, quien pactó con una empresa financiera el descontar de la nómina abonos por préstamos personales para mejoras de vivienda, con la novedad de que el dinero se retiró… pero nunca llegó a la intermediaria.
Seis mil trabajadores se quedaron con la deuda y el estigma que les impide ser sujetos de crédito.
El funcionario es ahora diputado federal.
El gobierno de Veracruz se inauguró con una deuda de 21 mil 499 millones de pesos, y está terminando con 45 mil 776. El de Sinaloa partió de cuatro mil 886, para llegar a siete mil 544.
El de Coahuila mantiene un litigio promovido por mil 500 causantes contra la carga impositiva que les impuso para cubrir deudas acumuladas durante el sexenio de Humberto Moreira por 34 mil 650 millones de pesos.
En los últimos tres meses del mandato de Rodrigo Medina en Nuevo León la deuda estatal creció en seis mil millones de pesos, vía préstamos bancarios, y sin embargo se cancelaron obras. Y las arcas se quedaron vacías.
Quién les manda hacer negocio con el gobierno, diría la fábula.