La Organización de Naciones Unidas (ONU) reporta que la trata de personas constituye el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial y genera entre 32 mil y 36 mil millones de dólares cada año.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reporta que en el mundo hay 20.9 millones de personas, principalmente mujeres y niñas, víctimas de explotación laboral y sexual.
Por desgracia, México es fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzado, que representan graves violaciones al derecho a la integridad y dignidad personal, vida, salud y libertad.
Los grupos más vulnerables son mujeres, niñas, niños, indígenas y migrantes indocumentados. Y aunque no existen cifras oficiales, monitoreos y estudios apuntan que casi medio millón de personas son explotadas sexualmente en nuestro país.
Las autoridades, a través de leyes y programas especiales, luchan de manera permanente por la prevención, sanción y erradicación de los delitos en la materia, pero en cuanto a la protección de las víctimas aún hay mucho por hacer.
Es por ello que la apertura de canales entre la ciudadanía de denuncia y prevención es bienvenida, pues fomenta la sensibilización de la sociedad civil, visibiliza estas prácticas y permite una aproximación más humana a los procesos de atención integral de los agraviados.
Panorama
El diagnóstico Human Trafficking Assessment Tool, aplicado por American Bar Association (ABA) en México, detecta 47 bandas dedicadas a la trata y documenta que las entidades con mayor riesgo son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
A su vez, Jade Rivera Rossi, consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), suma a Puebla, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán a esa lista.
Asimismo, declara que el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Distrito Federal y Guanajuato son los principales demandantes de mano de obra de menores.
La trata de personas, así como la explotación sexual y laboral, debido a su complejidad y dimensiones han encontrado en cada estado, ciudad y comunidad de México condiciones particulares para expandirse, aseguran por su parte Mario Alfredo Hernández y Julieta Morales en el texto Prostitución: una visión desde los derechos humanos.
Los expertos apuntan que se debe armonizar la Ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas en las 32 entidades, con el fin de “evitar que existan acciones aisladas, sanciones dispares y tipos penales no unificados, lo cual puede redundar en impunidad”.
Referente
En entrevista con Vértigo, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, reconoce la voluntad gubernamental de Quintana Roo, Coahuila y Yucatán.
Este último porque llevará junto con la CNDH material de prevención a los pueblos indígenas para evitar que quienes son más vulnerables caigan en esas redes, y porque ya es el cuarto estado de la República que homologa sus reglamentos con la Ley General.
Pero, sobre todo, Orozco aplaude el modelo de combate del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que ha logrado más de 70 personas encarceladas, 27 sentencias, 324 víctimas rescatadas y 20 inmuebles incautados.
Incluso, la semana pasada la Comisión Unidos contra la Trata firmó un convenio con el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman, para crear un call center para denunciar este delito, el cual funcionará de forma permanente en el número 5533-5533 y estará atendido por sicólogos y abogados.
La línea para denunciar y buscar apoyo estará disponible marcando antes 01800 desde el interior de la República y se podrán registrar denuncias vía mensaje de texto al 5533.
Al respecto, Rosi Orozco opina: “Es muy importante abrir canales de ciudadanos a ciudadanos porque, en el caso de la esclavitud sexual, las víctimas han sido violentadas y perseguidas por las mismas autoridades y ello las intimida al querer denunciar o comenzar un proceso jurídico. Le decimos Centro de contacto, porque es más que un call center: al llamar, no sólo pueden denunciar, sino también pedir información y preguntar cómo se puede ayudar”.
Además, con cada llamada, a través de un sistema de cómputo, se hará un seguimiento de todo el proceso de investigación hasta la reinserción social. “Se tomará un registro de qué sucedió; si hubo un operativo; cómo; cuándo; dónde; a quién se rescató; si se le mandó a un albergue; si recibe atención sicológica o no… Porque para la Comisión Unidos contra la Trata los seres humanos son lo más importante”, explica.
Compromiso de todos
Armando Hermoso Larragoiti, director ejecutivo del Centro de Investigación, Difusión y Estudios sobre la Trata de Personas y Explotación Comercial (Cidetec), comenta por su parte que para poder enfrentar estos delitos el compromiso es de todos. “Todo estamos expuestos; en estos delitos no se discrimina”, asevera.
Por ello “necesitamos una sociedad informada sobre lo que es trata de personas, pero no únicamente relacionarla con la explotación sexual y prostitución, sino entenderla como un tipo de esclavitud en el que existe explotación laboral, trabajos forzados, servidumbre, mendicidad, venta de personas, matrimonios forzados e inclusive extracción de órganos”.
Requerimos, dice Hermoso, “que la gente conozca estos delitos; que identifique, tipifique y denuncie; porque sólo así se fortalecerá el sistema judicial. La población en general, y la sociedad civil organizada, deben convertirse en supervisores, en entes que den seguimiento a todas las áreas gubernamentales y, por ende, estar muy alertas frente a las actividades y avances”.
Además, Armando Hermoso exhorta a las autoridades a crear programas de prevención en los que se incluya el alentar a la denuncia.
Rosi Orozco, a su vez, destaca la obligación del Estado para crear mecanismos que hagan cumplir la Ley General y la organización que representa insta a generar instrumentos de observación y evaluación con criterios uniformes, a fin de impulsar medidas correctivas compensatorias; dar seguimiento a las 97 líneas de acción que la Ley General determina, tanto para la Comisión Intersecretarial como para cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal; desarrollar estudios de esta ley para identificar lagunas y problemas; y, sobre todo, garantizar un trabajo coordinado con las organizaciones sociales.