Por: M. Bonilla / A. Rodríguez
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Con el convencimiento de que la reforma energética aprobada en 2008 “se quedó corta” y ante la necesidad imperiosa de reestructurar a Pemex para incrementar su eficiencia y competitividad, legisladores, funcionarios públicos, especialistas y la iniciativa privada consideran indispensable una segunda reforma.
Las enmiendas, sugieren, deben tener como ejes centrales la diversificación de las fuentes de energía, así como revertir la caída que la producción petrolera ha venido experimentando en los últimos años.
A más de siete décadas de la expropiación petrolera, aducen, es necesario inscribir en la agenda legislativa el tema de los energéticos, con miras a satisfacer lo que México requiere en esta materia y cómo aprovechar de manera eficiente los hidrocarburos y demás riquezas naturales con que el país cuenta.
En este sentido, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) manifiesta que la falta de una política energética nacional clara pone en riesgo al sector de la industria, y en consecuencia el desarrollo industrial de México, “por la falta de disponibilidad de gas para poder crecer e instalar plantas nuevas”.
La falta del energético, agrega, ocasiona que la industria no pueda desarrollar proyectos de autoabastecimiento de electricidad con base en gas natural, lo cual impide al sector productivo combatir las altas tarifas eléctricas y mejorar su competitividad. Por esa razón, sostiene, racionalizar el gas natural es gravísimo.
Diferencias
Arturo Morales Acevedo, investigador de la sección de Electrónica del Estado Sólido del Cinvestav, subraya que previo al debate legislativo debe diferenciarse lo que es una reforma energética de lo que es una reforma de Pemex.
“Ambas son muy importantes para nuestro país —dice—, pero la segunda debe ser a corto plazo, mientas la primera debe sentar las bases del sector a corto, mediano y largo plazos. Tendrían que estar interconectadas, y no ir una antes que la otra, sino una como elemento importante para la otra. Ambas son, desde hace mucho tiempo, parte fundamental y necesaria de una estrategia integral para el desarrollo de México”.
Hablar de una reforma energética, agrega el especialista, implica establecer los cambios que sean necesarios para depender cada vez menos del petróleo: nuestro país tiene que diversificar sus fuentes de energía y cuenta con algunas alternativas, que incluso ya están siendo utilizadas, “aunque en muy pequeña escala, como la eólica, la geotérmica y hasta una planta de energía nuclear”.
No obstante, en su opinión, “por ahora el diagnóstico en este aspecto es tan desalentador como lo es la situación de Pemex, pues no contamos con un plan energético a futuro y en la mayoría de los casos actuamos de manera coyuntural, dependiendo del gobierno en turno”.
Además de petróleo, destaca, “nuestro país cuenta con otros recursos energéticos y es necesario empezar a desarrollar las fuentes alternas de energía: seguir dependiendo del petróleo sólo nos hace vulnerables, tomando en cuenta que es un recurso no renovable”.
Oposición
No obstante, para nadie es un secreto la politización del tema petrolero, pues mientras hay partidos que proponen la entrada de mayor capital privado para modernizar y hacer más eficiente a la más grande e importante paraestatal mexicana, otros se han opuesto sistemáticamente con el argumento de que “se quiere privatizar a Pemex”.
Así, pese a la crítica situación de la paraestatal respecto de la caída en sus niveles de producción (en 2002 se ubicaba como la segunda productora de crudo a nivel mundial, con un nivel de tres millones 585 mil barriles diarios, cifra que en 2012 cayó en poco más de un millón) y la ausencia de inversión para tornarla más competitiva debido a su pesada carga fiscal (contribuye con 40% de los ingresos totales del gobierno), la modernización de la compañía por medio de una mayor inversión privada ha sido objeto de campañas y censura en el pasado reciente por parte, fundamentalmente, de los partidos de izquierda.
En 2008, por ejemplo, ante la presentación de una iniciativa del ex presidente Felipe Calderón que pretendía permitir la participación de la iniciativa privada en actividades como el transporte y la refinación de hidrocarburos, la izquierda organizó una serie de movilizaciones.
Asimismo, en días pasados el presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, dio a conocer un “plan de acción en defensa del petróleo y la economía popular”, que inició el 10 de febrero y culminará en junio próximo “con diversas jornadas de movilización” ante “un eventual madruguete en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma energética”.
Fuera dogmas
De esta forma, frente al previsible “choque” contra los partidos de izquierda, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, sentenció que la modernización de Pemex y otros temas que aporten al desarrollo de la nación obligan a entablar un debate sin dogmas.
“Estamos dispuestos a seguir discutiendo cómo reforzar las perspectivas en razón del crecimiento económico, el empleo y la competitividad… a remover cualquier obstáculo que limite la posibilidad de crecimiento en el país. Y sin tabúes ni dogmas, iniciar una revisión de lo que México necesita para abordar los retos de este nuevo siglo, ante lo cual nos hemos dilatado algunos años”, indicó Beltrones.
El presidente del PRI, César Camacho, por su parte, admite que para concretar estos cambios su partido debe modificar sus documentos básicos, entre ellos su Programa de Acción, donde se establece que es del Estado la rectoría en el tema petrolero.
“El PRI tiene considerado que haya correcciones, modificaciones, enmiendas a sus documentos básicos, a la declaración de principios, al programa de acción y a los estatutos”, señala respecto de la reforma energética.
La izquierda, en cambio, ya ha manifestado su oposición a que la iniciativa privada entre a operar en Pemex e incluso ha presentado los ejes que, en su consideración, deben prevalecer en la reforma.
Consensos
Sobre el particular, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, declara que la reforma energética que el Congreso de la Unión pudiera discutir no significa la privatización de Pemex.
“Ni el presidente ni ningún integrante del gabinete del gobierno han hablado de privatizar Pemex ni sus reservas petroleras… A veces hay quienes quieren equiparar reforma con privatización; lo que el gobierno federal pretende es hacer más moderno y competitivo a Pemex para enfrentar futuros retos”, subraya Videgaray.
El titular de la SHCP declara que la agenda de reformas que presentará el Ejecutivo federal se ajustará al calendario de trabajo definido en el Pacto por México, si bien destaca que los compromisos del acuerdo “no sustituyen el proceso legislativo, sino que son el punto de partida para enviar el mensaje a los mexicanos de que, aun en contextos adversos y pese a tener distintas visiones, es posible construir consensos entre las fuerzas políticas y llevar a cabo acciones en beneficio de todos”.
Y al manifestarse por la aprobación de una reforma energética que sea “motor de inversión y desarrollo”, Videgaray confirma que esta será abordada por el Congreso de la Unión en el periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar, “si así lo deciden los legisladores”, mientras que la fiscal será discutida hasta el segundo semestre del año.
Para tener una reforma energética a fondo que cumpla con las expectativas de mayor inversión, producción y exploración de pozos petroleros, es indispensable modificar algunos artículos de la Constitución, lo cual hace suponer un duro debate en el Congreso antes de que las diferentes bancadas alcancen los consensos que al respecto la Secretaría de Hacienda considera posible construir.
Cambios de fondo
Especialistas afirman que para que el cambio de una posible reforma energética sea de fondo y no sólo de forma, es necesario modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución: el primero dice que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, Párrafo Cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
El 27 sentencia: “Corresponde a la nación el dominio directo sobre todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas (…) los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes o combustibles”.
En tanto, el artículo 28 señala: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía”.