Debido a constantes desacuerdos y confrontaciones entre los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, el andamiaje del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA, que combatirá uno de los males más lastimeros que afectan el desarrollo económico y social de México: la podredumbre y descomposición en que incurren elementos de la administración pública inició operaciones el miércoles 19 sin contar con titular en la Fiscalía Anticorrupción, aun cuando esta representa la cabeza de todo el mecanismo.
Tampoco cuenta todavía con los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y faltan además los sistemas locales anticorrupción de 27 estados de la República.
Sin embargo, su entrada en operación cristaliza el gran esfuerzo mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática institucional tan grave que representa la corrupción.
La mayoría de las instituciones que constituyen el nuevo sistema ya existían, pero algunas son de reciente creación, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, que tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del SNA.
La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes para echar a andar el engranaje de cuatro áreas estructurales: comité coordinador, comité de participación ciudadana, sistema nacional de fiscalización y 32 sistemas locales anticorrupción (uno por cada entidad) donde confluyen siete organismos públicos y ciudadanos (Recuadro 1).
Aunque ya se cumplió el plazo y las tareas están bien definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso de la Unión, y el nombramiento de un fiscal anticorrupción que el Senado tampoco ha nombrado, lo que originó que losintegrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para su designación renunciaran, acusando a los partidos políticos de retrasar el proceso de los candidatos para el puesto, aun cuando tenían varios perfiles viables para el cargo.
También está pendiente la ratificación, en la cámara alta, de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que revisarán los diversos delitos (Recuadro 2).
Igualmente, falta establecer en la mayoría de los estados de la República los sistemas locales anticorrupción, que por ley debieron estar en funciones desde el 18 de julio, ya que hasta ahora solo cinco entidades han cumplido —Estado de México, Querétaro, Sonora, Morelos y Ciudad de México— mientras en el resto no se sabe nada de los fiscales ni de los tribunales. En Chihuahua, de hecho, ni siquiera se ha reformado la Constitución local para implementar el compendio legal anticorrupción.
Flagelo
De las siete leyes modificadas la más popular sin duda es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, más conocida como 3de3, la cual señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente a partir del pasado 19 de julio su declaración patrimonial y de intereses, lo que incluye a los empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios, y a todo aquel que haga negocios con el gobierno.
No menos importante que las demás reformas estructurales que buscan el desarrollo pleno de México para insertarlo al mercado fructífero de las economías emergentes del mundo, es el combate a la corrupción.
Este flagelo le cuesta a México más de 347 mil millones de pesos al año, lo que significa 9% del PIB nacional, según el Índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional.
De hecho la corrupción es el segundo de los temas que más alarman a los mexicanos, al concentrar 51% de las preocupaciones de las personas, únicamente superado por la inseguridad y la delincuencia, según el estudio México: anatomía de la corrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La inquietud ciudadana se debe a que desde hace décadas en el lenguaje del servicio público solo se han escuchado términos y frases como nepotismo, peculado, tráfico de influencias, moches, licitaciones consensuadas, contratos entre amigos políticos, obras mal realizadas, desvío de recursos públicos, rebase en topes de campañas, lavado de dinero, fraude en perjuicio de la población, enriquecimiento ilícito… y muchos más conceptos que han desencantado a la sociedad por la enorme corrupción que evidencia el sistema administrativo nacional.
Llamados
Incluso ahora, organizaciones sociales, empresariales y ciudadanos que conforman la coalición #VamosPorMás denuncian que partidos políticos obstaculizan la plena implementación del SNA e incluso atacan a los ciudadanos que lo integran.
“Hay grupos de políticos que se oponen al cambio y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción”, señalan los activistas.
Establecen que la más evidente expresión de la resistencia al SNA fue el ataque “sin fundamento” a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que encabezan el sistema.
“La corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos son problemas que se han agudizado en los últimos años debido a un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas para reducir la impunidad”, indica el organismo civil.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzó un posicionamiento sobre la falta de instauración plena del SNA.
“Con el propósito de consolidar una política de unidad para hacer frente a la corrupción, el INAI hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas a fortalecer el Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción, con los marcos normativos necesarios para su adecuada operación”, expuso.
Y destacó el organismo de transparencia: “Cabe señalar que el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción afianzará los procesos de investigación, persecución y sanción de estos delitos, por lo que resulta fundamental su nombramiento”.
Fernando Alcázar, investigador del Imco, señala que la ley federal solo prevé un plazo para la aprobación de las leyes y la implementación de los sistemas locales, pero no estipula ninguna sanción para los estados por los retrasos. “Una sanción concreta no hay; en ningún transitorio a nivel federal se establece una sanción, salvo el caso de que en los estados se haya establecido así, que no hemos observado ninguno”, dice.
Con todo, a juicio de Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el SNA puede operar sin un fiscal, mientras los senadores lo designan: “El sistema no va a colapsar, ya se pueden presentar denuncias contra corruptos con las estructuras existentes. No son las idóneas ni suficientes, pero hay condiciones de ejercicio de acción penal”, asegura.
Finalmente, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, expresa que pese a las resistencias el mecanismo del SNA va en camino.
“La preocupación fuerte son los nombramientos que faltan en el Senado, como el fiscal, los magistrados y los sistemas locales. Sin embargo, no estamos atados de manos: nosotros tenemos para seguir avanzando”, detalla Peschard.
Así que pese a todos los consultados consideran que el SNA está en marcha y no se desbarata, aunque la falta de piezas clave da muestra de las trabas impuestas para el avance en el combate a la corrupción que tanto daño hace a México.
Recuadro 1
Organismos que integran el SNA
Auditoría Superior de la Federación.
Consejo de la Judicatura Federal.
Comité de Participación Ciudadana.
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Secretaría de la Función Pública.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Recuadro 2
Tipos de delitos
Cohecho (penal).
Coalición de servidores públicos (penal).
Peculado (penal).
Desvío de recursos públicos (grave).
Utilización indebida de información (grave).
Abuso de autoridad (penal).
Actuación bajo conflicto de interés (grave).
Contratación indebida (grave).
Enriquecimiento ilícito (penal).
Tráfico de influencias (penal).
Encubrimiento (grave).
Desacato (grave).
Desaparición forzada de personas (penal).
Intimidación (penal).
Obstrucción de la justicia (grave).
Uso ilícito de atribuciones y facultades (penal).
Fuentes: SNA, INAI y SFP
Sanciones
Amonestación.
Suspensión.
Destitución.
Inhabilitación.
Sanción económica.
Decomiso.
Multa.
Prisión.
Fuentes: SNA, INAI y SFP