En un drástico giro en la investigación sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, que ha acaparado la atención de la opinión pública por más de dos años, un nuevo peritaje forense señaló que habría sido asesinado de un disparo en la cabeza.
El estudio que sostiene que Nisman habría sido víctima de un homicidio fue encabezado por expertos de la Gendarmería Nacional -policía de fronteras- y enviado el viernes al fiscal federal Eduardo Taiano en el marco de la investigación por la muerte del funcionario judicial en 2015 en misteriosas circunstancias, dijo un colaborador de dicha fiscalía que pidió no ser identificado por normas de esa dependencia judicial.
Estudios anteriores ordenados por la justicia se habían inclinado por la hipótesis del suicidio al señalar que no había pruebas suficientes para sostener que Nisman había sido víctima de un homicidio.
En los últimos días varios medios de prensa locales filtraron el supuesto contenido del informe. Según esos adelantos, que el funcionario judicial no quiso comentar, Nisman habría sido drogado con ketamina, un potente anestésico, y golpeado para ser reducido. Tras ello fue situado por dos personas en el baño de su apartamento de Buenos Aires y ejecutado de un tiro.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su vivienda, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández, a su canciller Héctor Timerman y a otros allegados al gobierno de encubrir a los iraníes acusados del atentado en 1994 contra un centro judío de Buenos Aires. Un día después el investigador debía presentarse en el Congreso para fundamentar la denuncia.
El funcionario judicial indicó que el estudio “será preservado para su análisis el fin de semana y dependiendo lo que surja” el fiscal Taiano pedirá “medidas de prueba” al juez federal a cargo del expediente, Julián Ercolini.
El estudio fue realizado por una treintena de expertos, en su mayoría de la Gendarmería, y peritos aportados por la querella, encabezada por la familia de Nisman, y la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino, único imputado hasta ahora en la causa.
Lagomarsino declaró ante la justicia que Nisman le había pedido prestada la pistola calibre 22 el día antes de ser hallado muerto porque temía por la seguridad de sus hijas. Esa fue, según todos los peritajes judiciales realizados hasta ahora, el arma que efectuó el disparo que mató al fiscal.
Las conclusiones del informe de Gendarmería difieren con las recogidas en el presentado en 2015 por una junta médica integrada por miembros del prestigioso Cuerpo Médico Forense y solicitado por la jueza que estaba entonces a cargo del caso. Aquel estudio afirmó que no había elementos contundentes para sostener que la muerte de Nisman fue un asesinato.
Los peritos designados por la familia de Nisman abandonaron esa junta antes de la redacción final de las conclusiones, en disidencia.
Por otro lado, policías federales afirmaron en otro peritaje que el fiscal se disparó con el arma.
En 2016 la Corte Suprema dispuso que la investigación del enrevesado caso pasara a ser competencia de la justicia federal luego de estar en manos del fuero de instrucción.
La muerte de Nisman se transformó asimismo en un arma arrojadiza entre los distintos sectores políticos.
La vicepresidenta argentina Gabriela Michetti dijo el viernes a emisoras radiales desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que “hay una sospecha generalizada de que algo vinculado con el gobierno anterior puede haber habido” respecto del hecho, mientras que la diputada oficialista Elisa Carrió afirmó la víspera que “fue el gobierno” de Fernández (2007-2015) el que “mató” a Nisman.
Fernández ha señalado que es “un disparate” que su gobierno haya estado involucrado en la muerte. La exmandataria, quien niega las acusaciones que el fiscal hizo en su contra, apuntó contra un exjefe del servicio de inteligencia como responsable de la muerte del investigador.
Fernández afirmó que las sospechas que el oficialismo alimenta en su contra son una “bomba de humo” para desviar la atención sobre la desaparición de un joven durante la represión en agosto de una protesta de indígenas mapuches encabezada por gendarmes que ha generado en Argentina manifestaciones masivas en reclamo de su aparición.