Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de la infancia y la adolescencia, encabezadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, se articulan para monitorear la actuación del Estado mexicano, y sus instituciones, ante la emergencia y la prospectiva de reconstrucción, luego de los fenómenos naturales que han azotado de manera reciente al país.
Es urgente, señalan, armonizar la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil con la Ley General para que niñas, niños y adolescentes.
“Las organizaciones lamentamos que el Estado Mexicano siga avanzando en el discurso adultocéntrico y reducido a temas de infraestructura sin cumplir con el Artículo 4º. Constitucional que le obliga atender el Interés Superior de la Niñez en todas sus actuaciones”.
Hasta el momento siguen invisibles, sólo se habla de infraestructura y reconstrucción, sin partir de las personas y la afectación a sus proyectos de vida ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017.
A un mes de los acontecimientos hay un profundo déficit de fuentes de información pública y está ausente una política pública para atender el estrés postraumático de más de 12 millones de niñas niños y adolescentes que en diez Entidades Federativas que dejaron de ir a la escuela.
Las familias reportan cambios conductuales, miedo y ansiedad en niñas, niños y adolescentes que no han tenido acompañamiento para reelaborar la experiencia traumática y la incertidumbre de no estar con su comunidad educativa. Según datos oficiales son más de 16 mil planteles educativos que presentan daños, de las cuales 2,218 escuelas requieren inmuebles alternativos.
Para aquellos niñas y niños que con sus familias han tenido que recurrir a albergues alternativos no se cuentan con protocolos y políticas de protección frente al abuso sexual, crisis de ansiedad y discriminación.
Frente a ello, las organizaciones articuladas en torno a #NiñezPrimero se plantean insistir al presidente Enrique Peña Nieto que convoque manera urgente a la tercera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); coordinar las acciones de seguimiento a la emergencia con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia.
Además, exigir investigación de los actos de corrupción que llevaron a la muerte de 19 niñas y niños por el derrumbe del Colegio Rebsamen, que tenía señalamientos previos de fallas administrativas que no fueron sancionados oportunamente.
Es urgente también que la Secretaria de Educación Pública implemente protocolos básicos para el retorno a las escuelas y que la Secretaría de Salud desarrolle de una política pública para atender el apoyo emocional a niñas, niños y sus familias que fueron afectados.