Ciudad de México, 1 marzo. Para garantizar la salud, la calidad de vida de las personas con discapacidad y el bienestar económico de sus familias, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) presentó ante el pleno una iniciativa que adiciona el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.
De acuerdo con el Estudio sobre el agravio comparativo económico que origina la discapacidad, la presencia de una discapacidad en el hogar obliga a una planificación presupuestaria específica, explicó la diputada Perea Santos.
La discapacidad modifica las prioridades de gasto de las familias, por ejemplo en el consumo eléctrico. Esto implica una presión constante sobre los recursos económicos familiares. Además “la propia evolución de los gastos originados por la discapacidad es difícilmente previsible”, ahondó.
Es muy limitado el poder adquisitivo de las personas con discapacidad para solventar, con sus propios ingresos, el consumo eléctrico derivado de su condición. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) señala que de cada 10 personas con discapacidad de más 15 años o más, sólo 4 participaban en actividades económicas. Asimismo, el Censo 2010 reporta que aproximadamente 44% de la población nacional con discapacidad gana un salario mensual de entre 3,448 y 3,268 pesos, refirió la diputada.
Por los motivos anteriores, la iniciativa de la diputada por Hidalgo adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. Dicha adición indica que la Comisión Reguladora de Energía establecerá medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo se deba a los aparatos permanentes para su supervivencia, o para su inclusión social.
Ante la presión al presupuesto familiar de un grupo vulnerable, la diputada examinó el contraste de esta situación con los beneficios que da el actual Poder Ejecutivo Federal a las personas con el poder adquisitivo suficiente para comprar un auto eléctrico.
“Es una pena que el enfoque del gobierno en turno genere extraordinarios niveles de desigualdad. Se le dan beneficios a un sector socioeconómico alto para la adquisición de automóviles eléctricos; mientras un gran número de ciudadanos con discapacidad, enfermedad crónica o terminal requieren aparatos para subsistir y no alcanzan el subsidio eléctrico”, que los benefiaciaría.
Finalmente, la diputada conminó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que suscriba un convenio o programa específico en todo el país donde las personas que requieren de elementos, aparatos adicionales o auxiliares eléctricos, cuenten con una exención, una tarifa preferencial o un sistema de medición más justo.