México, Ciudad de México, 15 de marzo. La investigación oficial por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 volvió a ser cuestionada. La Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que está basada en declaraciones obtenidas bajo tortura por lo que pidió que sean excluidas del caso tras advertir que funcionarios federales habrían sido los autores y encubridores de esas prácticas.
Un informe de la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas divulgado este jueves señaló que hay “fuertes elementos de convicción” de que fueron torturados 34 de los 129 procesados por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y cuyos testimonios fueron clave para sustentar la versión oficial de los hechos.
El documento agregó que fuerzas federales —policías, investigadores y/o marinos— habrían sido los autores de dichas torturas y subrayó que todas esas prácticas ocurrieron a partir de que la fiscalía federal atrajo el caso, no cuando estaba en manos de autoridades estatales. También indicó que aunque la ONU y otras organizaciones habían advertido las irregularidades en la investigación las autoridades no hicieron nada al respecto.
Ante esta situación, además de pedir que se aclaren las denuncias por violaciones a los derechos humanos, el informe solicitó al Poder Judicial y la Fiscalía “excluir o declarar nulas de oficio todas las pruebas cuando existan razones fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura”.
“No se puede resolver una grave violación de derechos humanos con otras violaciones”, sentenció el representante de la oficina de la ONU en México, Jan Jarab, al presentar el documento.
De anularse esas 34 declaraciones la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes -calificada por el ex procurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”- podría quedar sin fundamento ya que no se conocen otras pruebas que la avalen.
Esa tesis sostiene que después de que los estudiantes fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, los agentes los entregaron a un grupo del crimen organizado que los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.
Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que trabajaron durante un año en el país echaron por tierra en 2016 esa versión porque, a su juicio, carecía de pruebas científicas que la sustentaran y estaba basada fundamentalmente en testimonios de 17 detenidos en los que ellos ya habían encontrado fuertes indicios de tortura.
El nuevo informe de la ONU elevó el número de afectados por estas prácticas a 34 y aportó más pruebas que avalan las torturas basándose en informes médicos oficiales, incongruencias del expediente y entrevistas propias.
Sin embargo, Jarab subrayó que su objetivo no es valorar ninguna “teoría del caso” porque se trata de un texto “técnico” sino insistir ante los jueces que tales declaraciones se anulen. “Una persona no puede ser sentenciada solo con una declaración bajo tortura”, apuntó Jarab. Por tanto, explicó que si una vez excluidas esas pruebas hay otras evidencias contra los detenidos el proceso en su contra seguirá. Si no, “deberían salir libres”.
Las autoridades federales no han comentado el informe pero hace un par de semanas dijeron ante la Comisión Interamericana que de todas las denuncias de tortura sólo dos casos habían arrojado, hasta el momento, resultados positivos.