Guatemala, 17 de Marzo. La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, próxima a concluir su gestión, consideró fundamental el apoyo de la comunidad internacional para continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
La gestión de Aldana, de la mano de la comisión de las Naciones Unidas antimafias que colabora en la lucha crimen organizado, ha asestado importantes golpes a la corrupción en Guatemala que llevaron a prisión o a proceso a más de un centenar de funcionarios, ex funcionarios y particulares.
“Guatemala tiene que redoblar esfuerzos para vencer en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, afirmó la también jefa del Ministerio Público (MP).
Al respecto, estimó “sumamente importante” el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos de Guatemala en el combate a la corrupción.
“Los cooperantes (de la comunidad internacional) nos ayudan en el combate a la corrupción, al crimen organizado y en el fortalecimiento institucional de Guatemala”, aseveró.
Aldana, cuyos logros en la lucha contra la corrupción le han ganado el apoyo de amplios sectores del país para postularse a la presidencia en las elecciones de 2019, ha descartado su reelección como fiscal general.
Una Comisión de Postulación estudia los expedientes de al menos una veintena de aspirantes al cargo de titular del MP y de la Fiscalía General.
La Comisión designará a una lista final de seis candidatos que será puesta a consideración del presidente Jimmy Morales para que designe al nuevo fiscal general y jefe del MP que asumirá el próximo 16 de mayo.
Aldana, tras descartarse para seguir un período más (2018-2022) al frente del MP, sostuvo que el presidente Morales no era un aliado en la lucha contra la corrupción.
Morales fue investigado por el MP por financiamiento electoral ilícito en los comicios de septiembre de 2015, mientras que el hijo y hermano del mandatario son procesados por fraude.
En abril de 2015 el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependencia de Naciones Unidas, desarticularon una estructura criminal y de corrupción encabezada por importantes funcionarios.
El caso conocido como La Línea, que generó masivas movilizaciones de ciudadanos que protestaron contra la corrupción del gobierno, obligó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo de 2015 y del presidente Otto Pérez Molina el tres de septiembre del mismo año.
El expresidente Pérez Molina permanece en prisión provisional desde esa fecha, al igual que la exvicepresidenta Baldetti, detenida en agosto de 2015. Ambos, acusados de encabezar la red de corrupción La Línea, finalizaban su mandato de cuatro años el 14 de enero de 2016.
El presidente Morales declaró no grato y ordenó la inmediata expulsión del país del jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, pero la decisión presidencial fue declarada sin lugar por una resolución del máximo tribunal del país.
El MP y la CICIG solicitaron en agosto de 2017 el desafuero del presidente Morales por el delito electoral, sin embargo diputados oficialistas y afines protegieron al mandatario y rechazaron el pedido de antejuicio en su contra.