El Paso, 22 Jun.- La Oficina del Procurador de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas ordenó a sus fiscales desestimar los casos de inmigración contra los padres que ingresaron de manera ilegal al país con sus hijos, para contener la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump.
La directora de la Oficina Federal de Defensores Públicos del Distrito Oeste de Texas, Maureen Scott Franco, dijo que la orden ejecutiva firmada por Trump puso fin a la política de separar a las familias inmigrantes y dispone que las familias sean albergadas juntas mientras los casos penales están pendientes.
“En El Paso -bueno, en realidad, en todo el Distrito Oeste de Texas-, hay instalaciones muy limitadas, es decir, prácticamente ninguna, que realmente podría acomodarse a ese requisito de la orden ejecutiva”, dijo Scott Franco en declaraciones este viernes al periódico El Paso Times.
“Así que el Procurador de Estados Unidos me llamó para avisarme que, en función de la incapacidad de reunir a las familias mientras se desarrollaba el proceso penal, esos casos serían examinados y desestimados, de ser necesario”, explicó.
En un correo electrónico obtenido por El Paso Times, Scott Franco notificó a todos los abogados defensores públicos que son parte de la Asociación de Justicia Criminal del Distrito Oeste de Texas que los fiscales federales desestimarían los casos y que no se presentarían más cargos contra los padres inmigrantes.
“Tenga en cuenta que la Oficina del Procurador de Estados Unidos se orientará (o ya se ha orientado) a destituir todos los casos 1325 y 1326 en los que los niños fueron separados de sus padres”, escribió Scott Franco en el correo electrónico.
“En el futuro, ya no presentarán cargos penales contra un padre o padres que ingresen a Estados Unidos si tienen a su hijo con ellos”, indicó.
Scott Franco dijo que cerca de 19 casos que involucraban a familias que estaban separadas fueron desechados el jueves en el Distrito Oeste, que, además de El Paso, incluye Alpine, Austin, Del Rio, Midland, Pecos, San Antonio y Waco.
La administración Trump comenzó a aplicar en abril pasado una política de “tolerancia cero” para los inmigrantes que ingresan de manera ilegal al país. La política dirigió las Oficinas de los Procuradores Federales a enjuiciar cada caso “en la medida de lo posible”.