La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició diversas acciones de monitoreo en las ciudades estadunidenses de McAllen, Houston y Brownsville, en el estado de Texas, sobre la condición de las familias que se encuentran separadas como consecuencia de la política migratoria de tolerancia cero, emprendida por el gobierno del Presidente Donald Trump, para elaborar un diagnóstico más amplio y objetivo de la situación que permita el diseño de las mejores estrategias para su defensa.
El organismo nacional subraya que las acciones de deportación emprendidas por el gobierno estadounidense ponen en riesgo los derechos humanos de las personas migrantes detenidas, principalmente de la niñez y la adolescencia al separarlas de sus familias, procesando a los adultos por haber cruzado la frontera sin documentos para su posterior deportación a sus países de origen.
La CNDH manifiesta que la unidad familiar es un derecho protegido por el sistema interamericano de derechos humanos y destaca que, de acuerdo con estándares internacionales en la materia y los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las personas migrantes sujetas a procedimientos de deportación se les debe respetar como mínimo el derecho a ser escuchadas por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendente a su deportación y tener la oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa.