La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado mexicano romper las dinámicas de pobreza, exclusión, desigualdad, abusos y marginalidad que afectan a pueblos y comunidades indígenas, las cuales impiden que sus derechos, a pesar de estar reconocidos a nivel constitucional, sean efectivamente vigentes y respetados en los hechos.
Destacó que el Estado debe establecer una nueva relación con ellos sustentada en el respeto y trato digno que, más allá de fórmulas retóricas, traduzca la voluntad y compromisos de las instituciones en condiciones sustantivas de igualdad, inclusión, desarrollo, educación y acceso a la justicia.
Para ello, se requiere aplicar leyes y políticas que les faciliten la igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos, eliminar la discriminación, regular la conducta de agentes públicos y privados para erradicar dicho flagelo, y que tengan acceso efectivo a la información para participar en las decisiones que afectan sus vidas y entorno, así como acceder a la justicia cuando sus derechos sean vulnerados.