Controversial inicio de la LXIV Legislatura

Envueltos en una serie de sainetes de carácter político-parlamentario

Norberto Vázquez
Nacional
Cámara de Diputados.
Foto: Cuarto Oscuro.

Ciudad de México, 10 de septiembre. Luego de que el 1 de septiembre el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, muchas eventualidades han descrito la primer semana de los trabajos legislativos en las cámaras de senadores y diputados, como preámbulo al contexto en que se configurará la nueva relación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y su forma de hacer leyes.

Han sido diverso las controversias que ya se han desatado, referentes a como maniobrará la dinámica legislativa entre las diversas fuerzas parlamentarias que integran el Congreso pero también ya comenzaron los planteamientos en materia de iniciativas de leyes lo que vislumbra la ruta que seguirá la legislatura de cara a los objetivos que deberá cumplir en cuestiones políticas, económicas y sociales.

Y es que a unos días de haberse instalado formalmente y en su primera sesión ordinaria, el Senado aprobó el martes 4 de septiembre su primera decisión discutida: otorgar licencia a Manuel Velasco, integrante parlamentario del Partido Verde, para que pudiera separarse temporalmente del cargo de legislador para regresar al gobierno de Chiapas y terminar su mandato gubernamental en ese estado.

Por lo pronto, son variadas las propuestas legislativas y acuerdos de operatividad parlamentaria que se han presentado al pleno como cuestiones de austeridad presupuestal, revisión del fuero, iniciativa para favorecer a la comunidad LGBT en cuestiones de servicios sociales, una más encaminada a no privatizar el agua, entre otras no menos importantes que van dirigidas a revertir diversas disposiciones de carácter administrativo y social que ya son obsoletas.

Polémica

En su primera sesión ordinaria, el Senado le había puesto freno a la petición del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para ausentarse de su cargo como senador y regresar a su estado natal para volver a asumir la gubernatura hasta entregar el poder al nuevo gobierno el próximo 8 de diciembre en la persona de Rutilio Escandón.

Estos congresistas de manera sorpresiva la rechazaron, pues hasta hace unos días era gobernador y había pedido licencia del cargo para poder llegar al Senado, no obstante unas horas después tras haberlo rechazado, el Senado repuso el procedimiento y terminó avalando la licencia de Velasco para volver a Chiapas y separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 4 de septiembre de 2018.

La determinación del pleno se dio en una votación dividida de 82 votos a favor por 31 en contra y cuatro abstenciones, que se realizó luego de que los legisladores discutieran el tema e incluso intercambiaran acusaciones.

Senadores del PAN como Gustavo Madero y Xóchitl Gálvez señalaron una posible violación al procedimiento parlamentario, bajo el argumento de que la solicitud de licencia de Velasco “ya se había votado y rechazado previamente ese mismo día”.

Más aún, criticaron que Velasco hubiese pedido permiso para separarse del cargo de gobernador para protestar el de senador, y luego hacer una maniobra similar para regresar unos meses al Poder Ejecutivo de su estado.

En contraste, algunos legisladores de Morena, como su líder de bancada, Ricardo Monreal, consideraron que Velasco tiene derecho a pedir licencia y que la discusión del asunto fue aprobada por el propio pleno. “No entiendo por qué la asamblea se quiere convertir en tribunal de conciencia”, dijo Monreal durante la sesión.

Cabe señalar que trascendió que después de que el Senado primero le negó la licencia al senador del Verde, Manuel Velasco y luego terminó por dársela en una segunda votación se supo que el Partido Verde le cedió cinco diputados a Morena en la Cámara de Diputados con lo que el partido que llevó al poder al presidente electo Andrés Manuel López Obrador logró la mayoría absoluta que le permitirá presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante toda la legislatura.

Ricardo Monreal rechazó que haya habido una negociación entre Morena y el Partido Verde, para otorgarle licencia a Manuel Velasco a cambio de cinco diputados. Dijo que ni él, ni López Obrador, dieron línea a los legisladores en este tema. “No hay nada de eso. Tengo tiempo que no hablo con el licenciado López Obrador, es una decisión del Senado. La Junta de Coordinación Política lo solicitó, toda la Junta, los coordinadores y los integrantes. Todos solicitaron y aceptaron que se repusiera el procedimiento y se pudiera generar está la posibilidad que al final se aprobó. Para mí es un asunto concluido”, apuntó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Por su parte, Mario Delgado coordinador parlamentario de Morena en la cámara baja, dijo que no es un tema de diputados del Verde pasando a su partido. “No tiene nada que ver. Hay más legisladores que se están sumando a Morena”, apuntó Mario Delgado.

Asimismo, el coordinador de los verdes en San Lázaro afirmó que la única negociación fue a cambio del apoyo a la lucha contra el cáncer infantil, una de las promesas de campaña de este partido. “Le pedimos a Mario Delgado que en caso de llegar a un acuerdo tendría que, el grupo parlamentario de Morena y en consecuencia la Secretaría de Salud, asumir este tema como prioritario. Es la causal de muerte número uno de este país entre niños de cinco y 14 años. Yo sé que les pudiera sorprender, pero no hay más. Si esto se convierte en realidad, como bien dijo Carlos, es baratísimo lo que hicimos ayer”, apuntó Arturo Escobar, coordinador de diputados del Partido Verde.

En un comunicado, el propio Manuel Velasco dijo que su decisión de regresar al gobierno estatal es “por voluntad propia para concluir con su mandato y cumplirle al pueblo” de Chiapas.

No obstante, para el miércoles 5 de septiembre cuatro diputados del Partido del Trabajo se unieron a Morena, ellos son Melba Nelia Farías, Fernando García Hernández, Armando Javier Zertuche Zuani y Luis Enrique Martínez Ventura por lo que sumando a los cinco del Partido Verde el organismo de representación popular tiene ahora 256 diputados.

Pacto

También en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política luego de lo atropellado del inicio de sesión y de altercados que se dieron entre las diversas fracciones y entre diputados, decidió realizar un cónclave entre líderes parlamentariosrepresentados en la LXIV Legislatura para establecer un acuerdo de cordialidad, civilidad y respeto como criterios para conducir los trabajos parlamentarios.

Ahí se acordó que la presidencia de la Junta de Coordinación Política sea dirigida por el diputado Mario Delgado del grupo parlamentario de Morena, y quién presidirá este órgano de gobierno durante toda la Legislatura.

Además, se acordó que en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica, la Presidencia de la Mesa Directiva sea rotativa conforme a lo establecido en la Ley Orgánica en su artículo 17, y de acuerdo al orden decreciente de los grupos parlamentarios.

También se llegó al acuerdo de que todas las decisiones de la Junta de Coordinación Política se harán en un ambiente de pluralidad y de respeto, en la conducción de las sesiones, se privilegiará siempre el debate y no se utilizará la mayoría de manera que transgreda la pluralidad democrática representada en ese órgano parlamentario.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios se comprometieron a trabajar de manera bicameral, en parlamento abierto y aceptar a la brevedad un acuerdo sobre medidas de austeridad republicana, los firmantes se supo fueron: Mario Delgado Carrillo de Morena; Juan Carlos Romero Hicks del PAN; René Juárez Cisneros del PRI; Luis Fernando Manzanilla Prieto de Encuentro Social; Reginaldo Sandoval Flores del PT; Alberto Esquer Gutiérrez de Movimiento Ciudadano; José Ricardo Gallardo Cardona del PRD y Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde.

Iniciativas

Los trabajos de la LXIV Legislatura iniciaron en el Senado, en una sesión en la que los grupos parlamentarios presentaron algunas iniciativas sobre temas que tienen amplio respaldo social, por ejemplo, la educación superior, los derechos de los trabajadores, el salario y posibles reducciones de impuestos.

En el encuentro, la primera iniciativa entregada al pleno fue una de Morena. Según sus promotores, los senadores morenistas Martha Lucía Micher y Germán Martínez Cázares, (ex dirigente del PAN) el documento intenta remover el lenguaje sexista y discriminatorio de las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, para otorgar pensiones por viudez a los cónyuges o concubinos varones, lo que podría beneficiar a la comunidad LGBT.

También, en la cámara alta, la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para revertir cualquiera proceso encaminado a la privatización del servicio de agua potable.

“Este tipo de normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz. Por eso se propone dejar claras las bases para una gestión pública del agua que impida los procesos de privatización’’, precisó la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La propuesta presentada por Martí Batres, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, argumenta que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir investigaciones independientes de todo tipo para monitorear su calidad y proponer medidas para su uso sustentable”, se expone.

La iniciativa establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua.

Además hay un proyecto para que los congresistas se aprieten el cinturón con la eliminación de 531.7 millones de pesos para gastos intrínsecos a su cargo, los senadores ya no controlarán otros 511.1 millones.

Esto porque el pago de asesores, empleados y lo que reciben por presidir comisiones ahora será manejado directamente por la administración central del Senado por lo que los legisladores avalaron por unanimidad el “acuerdo de austeridad” que aplicarán en lo que resta del año.

Ricardo Monreal mostró las cifras detalladas del recorte general, que suma 599 millones: de esa cantidad, 531.7 millones tienen impacto directo en los ingresos adicionales de los senadores, pues incluye la cancelación del seguro de gastos médicos mayores, eliminación del complemento de aguinaldo y los servicios de tarjeta IAVE, vales de gasolina y telefonía celular, entre otros.

A esto se suman 511.5 millones de pesos para contratar empleados y recursos para las comisiones ordinarias que ya no se entregarán a los grupos parlamentarios, además de que los 199.6 millones de pesos que se entregarán a las bancadas deberán ser transparentados al máximo, por lo que también se reducirá la zona de opacidad en el rubro.

En la Cámara de Diputados, Morena presentó una iniciativa para eliminar el fuero constitucional de todos los funcionarios públicos, incluyendo legisladores y el presidente del país, aunque estableció otro medida de protección para ellos, sobre todo en el caso del Poder Ejecutivo.

En la iniciativa, presentada por el legislador Pablo Gómez, se establece que aunque no tengan fuero, los funcionarios como el jefe del Ejecutivo, diputados federales y locales, senadores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte, los magistrados del TEPJF, el Fiscal General de la República y los consejeros del INE sí gocen de “inmunidad”.

Pablo Gómez, consideró urgente ubicar a los servidores públicos en igualdad respecto a los ciudadanos y luchar contra los privilegios del poder, poner a los poderosos “bajo el escrutinio público y el imperio de la ley, controlarlos y vigilarlos para restablecer el estado democrático de Derecho”, apuntó.

El PAN, por su parte, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del IVA con el objeto de reducir del 16 al 8% la tasa vigente del impuesto en la frontera.

El diputado Rigoberto Mares, dice que con ello se modifican los artículos 1C, 2 y 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para la homologación del IVA que ha generado un efecto inflacionario recesivo, un menor poder adquisitivo y baja competitividad del sector productivo, resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos.

Nuestra propuesta, dijo, “tiene por objetivo hacer partícipes de este beneficio a todos los estados de la zona fronteriza, así como a Baja California Sur y Quintana Roo, como sucedía hasta antes de 2013, porque esos estados demandan también un trato fiscal más justo, derivado de sus particulares condiciones geográficas y su lejanía con los principales centros de distribución y de producción de bienes nacionales y extranjeros”, aseveró.

De esta manera, los claroscuros en el inicio de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión están delineando una nueva etapa parlamentaria donde los diversos partidos políticos presentan sus ofertas legislativas, propuestas que acompañarán al país en los próximos seis años.

Iniciativas presentadas

Bajar el IEPS aplicado a gasolina La diputada Silvia Garza Galván (PAN) planteó reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), con el fin de eliminar este gravamen aplicado a gasolinas y subsanar los efectos del “gasolinazo”, producto de la reforma fiscal aprobada en 2013.

Hasta 12 años de prisión a responsable de abuso sexual La diputada María Lucero Saldaña Pérez e integrantes del PRI presentaron cambios a los artículos 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 260 del Código Penal Federal, para imponer al responsable de abuso sexual, de nueve a doce años de prisión y multa de 160 a 300 unidades de medida y actualización, así como el pago de la reparación del daño. Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Proponen eliminar fuero constitucional La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) presentó una iniciativa que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política, a fin de eliminar el fuero constitucional y no sea un obstáculo jurídico para que la autoridad proceda en contra de servidores públicos que presuntamente actúen al margen de la ley y cometan un delito.

Plantean establecer figura de presupuesto participativo La diputada Lizeth Sánchez García (PT) propone reformar los artículos 74, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la figura de presupuesto participativo como un instrumento que informe a la sociedad sobre la solicitud presupuestal del gobierno, a fin de contar con un porcentaje de recursos públicos destinados a la realización de obra pública en sus comunidades.

Eliminar privilegios de servidores públicos de mandos medios y superiores El diputado Alberto Esquer Gutiérrez (MC) propuso reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de eliminar los privilegios de la “alta burocracia federal o rubros con amplios márgenes de discrecionalidad”.

Fortalecer procedimiento para elección del Fiscal General de la República Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución y del Decreto en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a fin de fortalecer el procedimiento para la elección del Fiscal General de la República, por parte del diputado Carlos Torres Piña (PRD).

Facilitar asistencia de padres a reuniones escolares El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para agregar una fracción XI al artículo 132, a fin de que sea obligación de los patrones conceder permiso a los trabajadores para asistir de forma periódica a reuniones convocadas por las autoridades de la escuela de sus hijos, así como para atender emergencias médicas de los mismos, sin que esto afecte su salario, siempre que acrediten su puntual asistencia a las actividades escolares o justifiquen la emergencia médica.