Managua, Nicaragua, 13 de diciembre. Fuertes críticas de organismos de derechos humanos suscitó hoy el despojo por parte del Parlamento de Nicaragua de la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de la asociación Hagamos Democracia (Hademos) y otras entidades del país.
Los diputados del Poder Legislativo derogaron las personerías jurídicas del CENIDH y de Hademos por solicitud del Ministerio de Gobernación (Migob), así como del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP) y del Centro de Información y Servicios de Asesoría en la Salud (Cisas).
En el caso del CENIDH y de Hademos, el Migob señaló a esos organismos de haber utilizado su “esquema organizacional” para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos a “acciones orientadas a desestabilizar al país” y “alterar el orden público”.
La primera reacción llegó del CENIDH, cuya presidenta Vilma Núñez, condenó la medida, rechazó los argumentos utilizados para cancelar la personalidad jurídica del organismo y aseguró que seguirán defendiendo a las víctimas y acompañando al pueblo nicaragüense de la forma que sea.
Núñez aseguró que los argumentos son “falsos” y describió la acción del Migob y de los diputados de la Asamblea Nacional como “ilegal y arbitraria”, puntualizando que fue una decisión “incorrecta”, por lo que pedirán una revisión del caso y presentará una queja.
Por su parte, Gabriel Álvarez, vocal de la junta directiva de Hademos, rechazó categóricamente que el grupo haya financiado un centavo para ninguna acción ilícita como sustentó Migob y aclaró que nunca ha participado en “nada que se parezca a un golpe de Estado”.
El citado ministerio acusó a esa organización de “facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”.
Si bien reconoció que la Asamblea Nacional tiene la competencia para otorgar y cancelar las personerías jurídicas, Álvarez dijo que eso lo debe hacer sobre procedimientos legales, “mínimo debieron escuchar” antes a Hagamos Democracia.
El diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, precisó que el Migob es el que investiga y concluyó que las dos organizaciones incumplieron sus objetivos y desviaron los fondos que reciben.
Rodríguez no descartó que la posibilidad de que otras organizaciones pierdan su personalidad jurídica, de acuerdo con reportes del periódico nicaragüense El Confidencial.
La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) condenó la cancelación de las personerías del CENIDH, Hademos, IEEPP y del Cisas, y firmó que se violentaron sus garantías al debido proceso, particularmente su derechos a la defensa y presunción de inocencia.
Pidió que el órgano judicial revierta estas decisiones actuando en el marco de la imparcialidad e independencia, mientras que la organización Amnistía Internacional (AI) también repudió la decisión tomada por los diputados, pues “dejan en la indefensión a la población de Nicaragua”.
“Hoy es un día muy triste para la defensa de los derechos humanos en la región”, añadió AI, en tanto que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenó enérgicamente que Nicaragua haya adoptado tal decisión y exhortó al pueblo nicaragüense a movilizarse.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH-Nicaragua) llamó al Gobierno a “no seguir atacando a las organizaciones de la sociedad civil” y la Federación Coordinadora de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia (Codeni) fustigó las medidas y exigió “que se detenga el asedio y persecución”.