La discusión sobre su presencia y observancia parece una moda recurrente. Sin embargo la demanda por un Estado de Derecho en nuestro país no corresponde a un cumplimiento de sus principios, a un accionar de sus instituciones, ni a una exaltación de sus valores vigentes.
No hemos fomentado el deseado equilibrio entre la observancia a preceptos y la exigencia por contar con los mismos en un marco de garantías y derechos, lo cual procura una debilidad creciente desde la raíz del concepto hasta llegar a la inobservancia de la ley como un esquema de normalidad.
Sin duda es deseable un auténtico y consolidado Estado de Derecho democrático en México, el cual goce de legitimidad y eficacia social y por ello posibilite sin demérito alguno el mismo existir de libertades y los derechos ciudadanos, al tiempo que someta de forma efectiva a su imperio a las autoridades y poderes públicos.
En un ambiente aún transicional en el gobierno federal la discusión vuelve a surgir con bríos renovados ante el estilo de aplicación del contenido legal de la Carta Magna jurada por el presidente de la República, que junto con diversos ejemplos latinoamericanos nos colocan en la palestra internacional de numerosos juicios sobre la confiabilidad que gozamos en conjunto como país. ¿Qué nos hace tan distintos de aquellas naciones con una percibida consolidación y por qué continuamos en los análisis sobre si vivimos o no en un país de leyes?
Cimientos
El análisis en conjunto de los elementos que componen los diversos modelos de Estado de Derecho pone en evidencia que, en muchos de ellos, los aparatos conceptuales son amplios y heterogéneos, por lo que generan paradigmas distintos y a veces incluso contradictorios.
Las realidades político-sociales son variadas y dinámicas; en ocasiones presentan avances y en otras retrocesos: por un lado, en ciertos casos se plantea la protección de las libertades públicas frente al Estado (el État du droit francés) y, simultáneamente, en otros se postula que los ciudadanos están sometidos por igual a las normas jurídicas (el rule of law anglosajón), mientras que en otro sistema se propugna por el fortalecimiento del aparato estatal (el Rechtsstaat alemán).
La legalidad de la totalidad de actuaciones del Estado, la división de poderes, la existencia de organismos de protección jurídica, instituciones de control, principio de responsabilidad de los titulares de la función pública y, por supuesto, la existencia y garantía de aquellos derechos fundamentales que configuran el conjunto de derechos humanos, son características compartidas que no nos hacen diferentes de otros sistemas jurídicos y democráticos, por lo que bien podemos preciarnos de tener los mismos cimientos de aquellas naciones que son ejemplo por su consolidación.
¿Qué falta entonces para alcanzar como mexicanos la plena seguridad y libertad dentro de un Estado? La respuesta es compleja y no versa solo ante tal o cual estilo criticable o plausible del Ejecutivo federal quien, sobraría decir, no puede hacer más que consumar su juramento de cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. El Estado de Derecho es un asunto de toda una sociedad y no depende en exclusividad de la voluntad de un actor político, no depende de un decreto ni mucho menos de una decisión unilateral o de alto nivel que recuse las preferencias sociales. Para su consolidación es menester la disposición al diálogo y la participación de una ciudadanía involucrada en la toma de decisiones. Lo anterior permite reflejarse en el orden jurídico mediante leyes, de tal forma que los ciudadanos podamos reconocer en la legalidad el camino a una vida más próspera.
Es así que, en recuerdo al Benemérito de las Américas, el concepto se circunscribe al “respeto al derecho ajeno”, pero también a la libertad y a la dignidad humana y al usufructo de los bienes de cada ciudadano. Fundamentalmente es la plena sumisión de autoridades y población a las normas, es el sustento de la paz social, del desarrollo y de la seguridad. En la medida que la discusión sobre este periódico tema no se agote en lo jurídico y trascienda hacia la cultura y las prácticas políticas esto impregnará el tejido de nuestra vida como país y deseablemente permitirá el paso a un consenso mayor de una nación que es grande por naturaleza.