La figura jurídica de extinción de dominio es una herramienta muy importante en el combate a las actividades de la alta criminalidad. En México esta figura se adoptó originalmente en 2008, pero el optimismo de su utilidad fue decreciendo en vista de los resultados obtenidos en el transcurso de su aplicación, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.
El estudio titulado “La extinción de dominio. Apuntes de la reforma de 2019 a los artículos 22 y 73 constitucionales”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, explica que con la reforma de los artículos 22 y 73 constitucionales aprobada por la LXIV Legislatura, se fortalecieron las facultades del Estado Mexicano para obtener la posesión legal de bienes de particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones de actividades ilícitas, tales como corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y recursos de procedencia ilícita.
La investigadora apunta que el 11 de septiembre de este año vence el plazo para la expedición de una nueva Ley General de Extinción de Dominio que permita aplicar de una manera más eficaz esta figura, introducida en el texto constitucional desde el año 2008, pero que no había registrado los resultados esperados hasta el momento.