Por más esfuerzos que haga el gabinete federal de seguridad para construir una nueva estructura policiaca nacional sus alcances serán limitados si gobernadores y alcaldes no cumplen su parte. Pero en lugar de comprometerse las autoridades locales se cruzan de brazos.
La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional obligaba a alcaldes y gobernadores a profesionalizar sus cuadros de seguridad y dejaba la decisión de cobrar por servicios de la Guardia a nivel local. Pero quejas acumuladas en Palacio Nacional llevaron al presidente de la República a exonerar cualquier pago.
Casi 90% de los delitos que se contabilizan en las cifras criminales se localiza a nivel de fuero común, es decir, de policías estatales y municipales. Por tanto la experiencia de la Guardia y los candados en derechos humanos y uso de la fuerza limitarán la acción federal. De ahí la importancia de revisar a las policías estatales.
Policías
En todos los acuerdos de seguridad se insiste en dos puntos concretos: la falta de profesionalización de las policías locales y la ausencia de control sobre los penales estatales y federales en los estados. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se anuncia un programa sin precedente por su profundidad —aunque no se dice con claridad cuál sería— para limpiar las cárceles.
Sin embargo las experiencias en diferentes países del mundo indican que es imposible poner orden en las cárceles porque el modelo de prisiones permite la aglomeración y la creación de pandillas y hasta de minicárteles. El número menor de custodios, la falta de controles sobre los directivos y la inmensidad de recursos económicos para corromper de los internos impide que las cárceles tengan un porcentaje mínimo de posibilidad de readaptación de los reclusos. Peor aún: es imposible cualquier intento de sanear las cárceles porque no hay fuerza policiaca ni recursos suficientes.
Pero donde sí puede el gobierno federal incidir es en las policías locales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal debería presentar con urgencia un programa sobre las policías locales. Buena parte de los delitos de fuero común ocurren porque las policías están amafiadas con los delincuentes, no tienen entrenamiento, capacidad, ni armas para enfrentar a las bandas criminales y carecen de un mapa estratégico de identificación de cárteles, alianzas y zonas de operación.
La organización de la Guardia Nacional perdió de vista la perspectiva local, a pesar de que los delitos de homicidios dolosos que tanto molestan a la ciudadanía caen bajo la responsabilidad local. Si gobernadores y alcaldes ya lograron gratis la Guardia el gobierno federal debe evitar que gobernadores y alcaldes se desentiendan de sus obligaciones de seguridad.
El marco jurídico que podría amarrar lo federal en lo local sería una Ley de Seguridad Interior que el gobierno federal le debe a las Fuerzas Armadas para garantizar un marco jurídico de participación en labores de apoyo a la seguridad pública por la capacidad de fuego y criminalidad de los cárteles y que también le debe a las sociedades locales donde la criminalidad ha ocupado espacios de soberanía territorial del Estado nacional y donde las bandas han dominado a las policías locales.
Sin reorganización local de seguridad la estrategia nacional no funcionará.