El tema de fondo en el Instituto Mexicano del Seguro Social no es quién es el director general sino cómo se financiará la gran transformación que requiere el sistema de salud. La renuncia de Germán Martínez Cázares se presenta como una de tantas disputas políticas en el país, pero detrás de esta lucha se encuentra un asunto realmente fundamental.
Zoé Robledo, quien ha sido designado nuevo director del IMSS, es un político capaz, hijo de Eduardo Robledo, quien fue gobernador de Chiapas por el PRI. Zoé estudió ciencias políticas en el ITAM y obtuvo una maestría en Derecho por la UNAM. Ha sido senador por Chiapas y era subsecretario de Gobernación cuando el presidente López Obrador lo nombró nuevo titular del IMSS. Es leal a las causas de Morena, pero no es un ideólogo sino un político pragmático.
Las tareas que enfrentará en el IMSS son enormes. Nadie ha refutado el diagnóstico que ofreció el dimitente Martínez Cázares. Los recortes al gasto afectan cada vez más la posibilidad de la institución para otorgar servicios médicos de calidad. Los pacientes se quejan de que deben esperar meses para una consulta o una intervención. Muchas veces deben aguardar en los pasillos durante horas o días para que se desocupe una cama. Los médicos y el personal están mal pagados y abrumados por el exceso de trabajo.
De una extraña manera un gobierno que dice oponerse al neoliberalismo promueve la privatización de los servicios médicos al reducir de manera creciente la calidad de esos servicios médicos en las instituciones públicas.
Tendencia
Los lopezobradoristas se niegan a ver la realidad. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, afirma en Twitter que “La #AusteridadRepublicana no tiene como objetivo reducir el alcance ni la calidad de los servicios públicos sino quitar toda la obesidad del gobierno que es gasto improductivo”. Y sí, quizás ese sea el objetivo, pero el resultado está siendo muy distinto. Los pacientes del IMSS y de otras instituciones de salud son testigos de la baja en la calidad de los servicios.
Las instituciones públicas de salud tienen retos enormes. La población que goza de seguridad social es una minoría: 57.9% de los mexicanos económicamente activos trabajan en la informalidad. Ni cotizan ni tienen servicios de salud o de seguridad social. El gran reto del Estado mexicano es dar también a estas personas esos servicios.
Esto se hacía antes en las instalaciones de los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud. Después se asumió la responsabilidad con el Seguro Popular, el cual era deficiente pero por lo menos cubría un hueco. El presidente López Obrador ha cuestionado en repetidas ocasiones al Seguro Popular y anuncia que creará un Instituto de la Salud para el Bienestar, pero no queda claro en qué se distinguirá del Seguro Popular.
El problema es que los recursos no alcanzan y los recortes al gasto público empeoran las cosas. Se cancelan programas de medicina preventiva, como los análisis de cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Las esperas para obtener tratamiento en el IMSS se hacen cada vez más largas. La falta de recursos está teniendo un costo social enorme.
Todos los usuarios del sistema de salud pública saben que el servicio se deteriora. Es muy importante que esta tendencia se detenga. De lo contrario, como ha advertido Martínez Cázares, lo único que logrará la Cuarta Transformación es privatizar más el sistema de salud.