En el marco del Foro Parlamento Abierto sobre la Ley de Amnistía organizado por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, especialistas en seguridad privada, derechos humanos y abogados, advirtieron graves riesgos en la Ley de Amnistía enviada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no se ha contemplado una estrategia que proteja y salvaguarde a las víctimas o personas involucradas en diversos delitos.
Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, en su participación en el Foro, comentó con cifras del INEGI que alrededor de 2,067 personas podrían tener acceso a la Ley de Amnistía; sin embargo el sistema penal está en crisis porque no se ha logrado generar una estrategia del prevención del delito que contemple temas de derechos humanos.
La sociedad percibe que los policías no tienen capacitación, así como su evidente falta de seguimiento de los casos, por lo que se debe trabajar en ello y fortalecer a los ministerios públicos también con un estricto respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, añadió que la sociedad ve que los órganos jurisdiccionales violan el debido proceso y las cárceles cuentan con escasos programas de reinserción social.
Durante su ponencia, Raúl Sapién preguntó acerca de qué conductas merecen y ameritan una pena preventiva de la libertad, asó como cuáles deben mirar y transitar hacia los derechos humanos, la reinserción y la readaptación social.
También preguntó qué impacto social se va a generar y qué se va a transmitir a la sociedad con esta iniciativa. Explico que la ley de amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, y si no se exige la reparación del daño, se presenta una violación a los derechos humanos.
Subrayó a importancia de las violaciones al debido proceso radica precisamente en que no se deben seguir generando dichas violaciones, ya que su consecuencia es justamente la creación de este tipo de leyes.
Sapién insistió que se debe trabajar ahora en el problema de la falta de readaptación y reinserción social; ya que liberar a las personas sin un programa es regresarlas al mismo contexto social donde se vieron obligadas a realizar estas conductas o hechos delictivos.