Por Katia D’Artigues
Además del combate frontal a la corrupción y la cercanía con los gobernados, si algo distingue el discurso de Andrés Manuel López Obrador desde hace años es su apuesta por dar a los menos favorecidos. “Por el bien de todos primero los pobres”, fue su eslogan de campaña que se volvió política pública.
Vale la pena detenerse, ahora que se cumple un año de gobierno, en cómo es que se están dando estas acciones.
El presidente apuesta de manera clara por las transferencias directas a beneficiarios pobres o en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, mujeres trabajadoras y jóvenes, que sumados son la mayoría de la población) sin intermediarios y muchas veces, también, sin reglas de operación claras.
Más allá de las críticas y dudas al respecto de esta política esto se hace al mismo tiempo que se recortan algunos servicios esenciales que estas poblaciones necesitan.
Pondré dos ejemplos. Uno es el de las estancias infantiles para madres trabajadoras. Ahora se da el recurso directo que ellas pueden utilizar en el lugar que quieran o para otra cosa, porque el gobierno también insiste en que las personas deben elegir. Aunque en lo global el presupuesto 2020 aumentó para el rubro de género y disminuir la brecha entre mujeres y hombres (de 64 mil millones a 100 mil), también se recortaron 26 programas de 83 que a eso se dedicaban. Incluyendo, increíblemente, los que atienden la violencia contra las mujeres.
Otro ejemplo son las becas para un millón de personas con discapacidad permanente de cero a 29 años: se da dinero —dos mil 550 pesos bimestrales— pero al mismo tiempo se recortan servicios para ellos, como educación especial (en su nivel más bajo de inversión en seis años) o el presupuesto a una institución que, como el Conadis, traza políticas públicas de inclusión para el sector. A un año sigue sin titular.
Hay comparaciones dolorosas como la que hizo en su primera plana un diario de circulación nacional el miércoles pasado: “Dan más a beisbol que a educación especial”.
¿Funcionará la apuesta? Es temprano para afirmarlo. Es obvio que el presidente cree que sí; todos debemos desear que sí. Pero habrá una forma de medirlo, que es importante.
Para 2021 —año en el que también habrá elecciones intermedias— tendremos ya los resultados de una encuesta del INEGI que nos permitirá saberlo. Es la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que es bianual y se levantará a finales de 2020 (la última se hizo en 2018). Está claro que muchos hogares en México tendrán más ingresos gracias a estas transferencias pero veremos cómo se comportan sus gastos cuando el gobierno renuncia a dar algunos servicios.
Por primera vez en la historia habrá al mismo tiempo tres ministras, de once integrantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado decidirá esta semana, tras el desastre de la elección para titular de la CNDH, entre Ana Laura Magaloni, Margarita Ríos Farjat y Diana Álvarez Maury.
Lo cierto es que se ve ahí una “terna de dos”.
Magaloni, constitucionalista y académica, ha recibido muchísimos apoyos de sociedad civil y senadores pero también tiene muchas posibilidades Ríos Farjat, quien podría tener el apoyo de Morena y la señal de apoyo u “opinión” de AMLO, que vaya que cuenta.
En el caso de la segunda hay que prever no solo su posible llegada a la SCJN sino los cambios que produciría al dejar el SAT, que encabeza ahora. Si Ríos Farjat se vuelve ministra (uno de los sueños de la vida de la también poeta, me dicen), quien tendría muchas posibilidades de llegar al SAT es alguien que también sonaba desde inicios del sexenio: Rosalinda López Hernández, la actual administradora general de la Auditoría Fiscal Federal.
¿Y quién es ella? Se trata de una ex senadora y política, contadora de formación (que no ha hecho mal trabajo en lo absoluto, me dice una fuente de alto nivel de Hacienda) pero quien además es esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hermana del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.