La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Baja California que permitió ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años “resulta inconstitucional”, de acuerdo con una “opinión técnica” de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dicha “opinión” fue remitida por los magistrados electorales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y perfila el resultado que podría emitir el máximo tribunal del país: declarar inconstitucional la ampliación del periodo de gobierno del mandatario bajacaliforniano.
En ese supuesto los ministros de la Suprema Corte darían la razón a constitucionalistas, organizaciones ciudadanas y partidos políticos que incluso interpusieron diversas controversias constitucionales exigiendo respeto al Estado de Derecho y, en consecuencia, exhibirían a diversos actores políticos, incluido el propio gobernador, en su intento de violar la Constitución.
Cronología de un fraude
En la elección constitucional del pasado 2 de junio en Baja California obtuvo el triunfo Jaime Bonilla Valdez, postulado por Morena.
Posteriormente, el 8 de julio, 21 diputados del Congreso de Baja California aprobaron ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del entonces mandatario electo.
Los diputados bajacalifornianos —de la Legislatura que concluyó el pasado 31 de julio— argumentaron que su decisión fue para no hacer un nuevo gasto en una elección constitucional dentro de dos años, así como también aseguraron que “es mejor una gubernatura de cinco que de solo dos” años.
La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, expresó entonces: “La gente está cansada de tanta elección y yo creo que eso tendría que cambiar”.
Legisladores y dirigentes de partidos de oposición, organizaciones ciudadanas y empresariales, constitucionalistas y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron a su vez que la ampliación del mandato en Baja California representaba un acto inconstitucional.
PAN, MC, PRD y PRI, además de otras organizaciones, interpusieron diversos recursos de impugnación ante el TEPJF, cuyos magistrados emitieron un pronunciamiento en el que resolvieron: “Por unanimidad de votos la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla Valdez por un periodo de dos años (…) como señala la Constitución local”.
Sin embargo la resolución del TEPJF no causó efecto legal alguno sobre la aprobación de la reforma para ampliar el periodo.
Asimismo Bonilla Valdez consideró que el TEPJF se “excedió” en su resolución, en tanto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al referirse a la resolución del Tribunal Electoral expresó: “Ahí tengo mis dudas (sobre) si se extralimitó o no se extralimitó, porque la Constitución fue modificada antes de la sentencia”.
A su vez la nueva Legislatura de Baja California, con mayoría de Morena, decidió organizar una “consulta ciudadana” para preguntar a los bajacalifornianos si preferían una gubernatura de dos o de cinco años. Sin base legal ni rigor técnico alguno los legisladores realizaron su consulta en la que “los participantes” optaron por una gubernatura de cinco años.
El 17 de octubre, esto es, 15 días antes de que rindiera protesta Jaime Bonilla, el Congreso de Baja California publicó en el Diario Oficial del estado la reforma para ampliar el periodo de la gubernatura y fue hasta ese momento que PAN, MC, PRD, PRI y el INE estuvieron en condiciones de presentar una controversia constitucional ante la SCJN para solicitar que se declarase inconstitucional dicha reforma.
En los primeros minutos del 1 de noviembre Bonilla Valdez rindió protesta como gobernador para el periodo que abarca del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024. A la ceremonia acudió la secretaria de Gobernación.
Controversias
El 24 de octubre, unos días después de que se publicó la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California —todavía a cargo del ahora ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid— para impugnar la llamada Ley Bonilla, recurso que quedó radicado en el expediente 324/2019.
Ese mismo 24 de octubre la Suprema Corte admitió otras cuatro acciones de inconstitucionalidad en el mismo sentido, presentadas por PAN, MC, PRD y PRI.
Los partidos políticos demandaron en ese momento a la SCJN que impidiera que Bonilla Valdez tomara posesión para un periodo de cinco años, pero el ministro José Fernando Franco González Salas rechazó conceder una suspensión y explicó que ello no era necesario porque “la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”.
Franco González Salas solicitó al Congreso de Baja California, ese mismo 24 de octubre, la información correspondiente al proceso que siguió la reforma para ampliar el mandato.
Asimismo el ministro solicitó al TEPJF que le entregue su opinión sobre el caso.
El día 30, un día antes de que asumiera el cargo Bonilla, el TEPJF entregó a la SCJN su opinión.
El 15 noviembre la SCJN emplazó al Congreso de Baja California para que entregara la información requerida sobre la reforma ya que hasta ese momento no la había entregado.
Opinión del TEPJF
Si bien el TEPJF entregó a la SCJN su respuesta sobre el tema desde el pasado 30 de octubre no fue sino hasta días recientes cuando se dieron a conocer los argumentos de los magistrados electorales.
En la “opinión técnica”, registrada con el serial SUP-OP-5/2019, emitida por los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, se establece: “El decreto 351, publicado en el Diario Oficial del estado de Baja California el 17 de octubre de 2019 (que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno), se aparta de la regularidad constitucional”.
Añade el documento del TEPJF: “Esta ampliación de mandato se ha configurado y se debe entender como violatoria del principio de no reelección, porque este principio implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante un incremento con esos efectos (...)”
También consideran que la ampliación de mandato “vulnera los principios de la república democrática representativa relativos a la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el sufragio libre, secreto y directo, así como el derecho a votar y ser votado, previstos en los artículos 39 y 41 de la Constitución”.
Añaden: “Los artículos constitucionales transitorios que han sido impugnados violan el principio de no reelección, consagrado en el artículo 116, fracción I de la Carta Magna. De tal suerte que se estima que la norma impugnada resulta inconstitucional por violentar el principio de no reelección”.
Asimismo los magistrados explican que si bien es cierto que “la norma fundamental permite a las entidades federativas legislar en lo relativo a sus regímenes interiores, de ningún modo podrán atentar contra las estipulaciones del pacto federal; en este caso se pasó por alto la voluntad popular, en vista de prorrogarse el mandato que le fue conferido a la persona que fungirá como gobernador del estado solo para el periodo de dos años”.
En el apartado relativo a la “Cuestión General” los magistrados electorales aclaran que “tal como ha establecido la SCJN las opiniones que la Sala Superior emita a propósito de temas con contenido electoral no son vinculantes; aunque ello no implica que no aporten ‘elementos adicionales’ para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.
El documento se incorporó al expediente de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores y tiene la firma del magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, así como de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González, Janine Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez.
Luego de darse a conocer la “opinión técnica” de los magistrados electorales los partidos de oposición esperan que en los próximos días la SCJN declare inconstitucional la ampliación de mandato de Jaime Bonilla.
Al referirse a la opinión de los magistrados electorales el gobernador de Baja California expresó: “Eso lo decide la Suprema Corte. Ahí se va a decidir”.
En voz de los expertos
“La Constitución establece controles republicanos del poder y uno de ellos es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política”.
René Ramírez Benítez / Catedrático de la División de Estudios Jurídicos del CIDE
“El legislador no puede modificar el sentido de la elección que ya pasó, porque infringiría el principio de autenticidad electoral que establece la Constitución”.
Diego Valadés / Ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
“La acción de inconstitucionalidad tiene altas probabilidades de lograrse aplicando los precedentes que ya hay”.
José Ramón Cossío / Ex ministro de la SCJN
“Ampliar el periodo en Baja California es inaceptable, es inconstitucional y sienta un precedente muy ominoso para el Estado constitucional”.
Pedro Salazar / Ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
“Si es posible ampliar un periodo de gobierno también sería posible reducirlo. Si a un Congreso opositor se le ocurre reducir el mandato a un gobernante, ya no duraría seis años sino dos años o uno”.
Alfredo Figueroa / Consejero del INE
“Si se prorroga el mandato en Baja California el daño a la democracia sería muy severo”.
Luis Carlos Ugalde / Director de Consultoría Integralia
“Aceptar la prolongación de mandato en Baja California podría acarrear mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático”.
Cuauhtémoc Cárdenas / Ex candidato presidencial