FUTURO INCIERTO Y DESOLADOR PARA ADULTOS MAYORES

La negligencia, el maltrato físico, sicológico y emocional, junto con el despojo patrimonial o económico, son las agresiones que más sufren.  

Lorena Ríos
Todo menos politica
Foto: Especial
Cuartoscuro

En México existen 13 millones 900 mil personas mayores de 60 años De ellas solo una tercera parte trabajaron en el mercado laboral formal (19.4% mujeres y 50.8% hombres), por lo que cuentan con servicios de pensión y seguridad social, mientras que el resto se encuentra en la informalidad o en el trabajo no remunerado.

Su esperanza de vida promedio es de 75 años, con 78 años para las féminas y 73 para los varones. Por cierto: seis de cada diez adultos mayores son mujeres.

Esto explica que un importante segmento de adultos mayores en el país se mantenga activo laboralmente en sus propios negocios y comercios, o bien como empleados en supermercados como empacadores, o realizando tareas de limpieza, en el transporte público, vendiendo chicles, pastillas, accesorios o —en el peor de los casos— pidiendo limosna. Son personas que en muchas ocasiones sufren desatención, abandono y carencias en sus necesidades básicas, además de que enfrentan violencia física, despojo de sus bienes, maltrato emocional y económico por parte de los integrantes de su núcleo familiar.

Según el INEGI para 2050 habrá 32.4 millones de adultos mayores en México, por lo que urge que sociedad y gobierno contribuyan en la generación de condiciones para garantizar a esas personas sus derechos humanos en la vejez: acceso a una vida de calidad, libre de violencia, con un trato digno, servicios médicos, alimentación, satisfactores necesarios para su atención integral, sin que sean discriminadas, marginadas u olvidadas.

Al respecto la investigadora Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM, explica que en la presente administración se implementó el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga a los mexicanos de 68 o más años una pensión de mil 275 pesos mensuales que se entregan de manera bimestral. Dicho sistema de pensiones, cuyo fin es brindar ayuda a este sector vulnerable, tuvo un aumento de apenas 70 pesos en este 2020.

La investigadora aclaró que las pensiones de los ancianos se dividen entre 200 y mil sistemas distintos, ya sean públicos o privados, en cada uno de los estados de la República Mexicana, lo que en su gran mayoría se traduce en pensiones bajas para los ciudadanos, que hoy sobreviven con un presupuesto “apretado” que los lleva a salir a trabajar a pesar de su avanzada edad.

De acuerdo con el documento Situación de las personas adultas mayores en México (Inmujeres, 2015), la participación de ellos en actividades económicas se reduce conforme aumenta su edad, pero se observa que dos de cada diez hombres adultos mayores de 80 años y más continúan económicamente activos, lo mismo que 4.7% de las mujeres de esas edades.

La actividad más frecuente de las adultas mayores es el trabajo no remunerado: 62.8% de ellas se dedica a los quehaceres domésticos, actividad que muy probablemente ha desarrollado toda su vida y la cual realiza solamente 8% de los hombres.

El estudio resalta que solamente 8.7% de las mujeres adultas mayores está pensionada o jubilada, o recibe pensión por viudez, situación en la que se encuentra una cuarta parte de los hombres. Esta diferencia responde a la mayor actividad económica de ellos y a que las trayectorias laborales femeninas generalmente son cortas e interrumpidas debido a los eventos reproductivos y la responsabilidad depositada en ellas para cubrir las necesidades de cuidado y trabajo doméstico dentro de los hogares, lo cual representa el principal obstáculo para la participación femenina en el mercado laboral.

La baja cobertura del sistema de pensiones es producto de un esquema contributivo de seguridad social vinculado directamente a la condición laboral de las personas, que privilegia el trabajo en el sector formal de la economía ya que sus beneficios se otorgan a la población asalariada urbana, por lo que quedan fuera las personas que trabajan en el campo, en el sector informal de la economía, las subempleadas y las desempleadas.

Por tanto la población de adultos mayores que tiene acceso a una pensión es pequeña. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral y su inserción en condiciones precarias llevan a que la proporción de mujeres jubiladas sea aún menor que la de los hombres. Esta baja cobertura quizá sea una de las razones por las que personas de edad avanzada realizan actividades para el mercado laboral remunerado, destaca el estudio elaborado por el Inmujeres.

Abandono

El abandono de personas adultas mayores en México es un problema serio que necesita de atención: se estima que 20% de las personas que superan los 60 años sufren del olvido de sus familiares, no cuentan con una pensión y viven en la pobreza y enfermedad.

Al respecto Margarita Maass Moreno, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la UNAM, expone que además 16% de adultos mayores sufre malos tratos y violencia; sobre todo aquellos que tienen demencia o problemas siquiátricos.

La especialista estima que para 2025 habrá 25 millones de adultos mayores, lo que aumentaría el problema de darles una vejez digna, por lo que se insta al gobierno federal a implementar programas preventivos en varias dependencias para mejorar la calidad de vida de miles de esas personas.

De acuerdo con Maass la negligencia, el maltrato físico, sicológico y emocional, junto con el despojo patrimonial o económico son las agresiones que más sufren los abuelos. Se vuelven una carga para sus familiares cuando no pueden brindarles dinero, trabajar o ser controlados. Otros más son despojados de sus bienes y recluidos en casas de retiro o asilo, donde son abandonados, olvidados y sentenciados a no volver a ver a sus familiares.

Algunos de los adultos mayores abandonados en asilos o rescatados de las calles para terminar en ese lugar experimentan soledad, depresión e incluso ganas de suicidarse. Así lo registra el estudio Percepción de los adultos mayores acerca de sus vivencias en una casa de reposo, de Medigraphic.

Varios abuelitos relatan que llegaron al asilo porque sus hijos los llevaron sin preguntar o con la promesa de ir a verlos. Algunos aseguran que decidieron ir por su propia cuenta para no sentirse un estorbo y otros fueron llevados con engaños por su familia o rescatados de las calles.

Y aunque algunos se resignan a estar ahí otros aseguran que solo esperan la muerte ya que la soledad y la depresión minan sus ganas de vivir desde el momento en que fueron abandonados y olvidados por sus seres queridos, a quienes consideraban incondicionales como el amor que siempre tuvieron para ellos.

Sanciones por abandono

Las reformas a la Ley de las Personas Adultas Mayores, la Ley para la Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad y el Código Penal para la CDMX implican la aprobación de sanciones para quienes abandonen, maltraten, exploten o discriminen a personas de 60 años en adelante.

“Lo que se castigará con tres meses a tres años de prisión es el abandono doloso por parte de familiares que dejen a los abuelitos en la calle, en las iglesias, en los albergues o donde sea”, explica la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, quien preside la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social de la cámara alta.

Mora explica que los adultos mayores son también abandonados en hospitales públicos, a donde los llevan por alguna dolencia o enfermedad crónica, pero ya no regresan por ellos. “Si revisamos las cifras de los ancianos que dejan en la calle o son engañados para firmar escrituras, documentos o testamentos para quitarles su patrimonio, los números por este tipo de maltrato serían mayores. Ya en la CDMX estas prácticas serán penadas”.

De acuerdo con las modificaciones al artículo 156 del Código Penal para la Ciudad de México a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá prisión o privará de la tutela del afectado.