De nueva cuenta estamos ante una serie de decisiones y planteamientos desde las áreas de justicia y seguridad a cargo del estamento civil del gobierno de la República, donde las delimitaciones y espacios de responsabilidad de los distintos bienes a tutelar se entremezclan.
Esto desde luego es natural atendiendo a que la relación entre los círculos de la seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional y seguridad internacional es transversal y permanente.
Sin embargo sobre todo luego de los datos anualizados respecto de los delitos de alto impacto dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, así como la encuesta trimestral de victimización del INEGI, resulta evidente que es necesario realizar un balance a fondo y, en consecuencia, aplicar los ajustes necesarios para estar en condiciones primero de contener y luego de revertir la creciente ola de violencia que se padece en varias partes del país.
Las expresiones de agravamientos no solo remiten a un nuevo absoluto y relativo o a la sensación de inseguridad de la ciudadanía en el lugar donde vive sino también a eventos traumáticos como el sucedido en Coahuila, cuando un niño de once años, luego de asesinar a su maestra y herir a varios de sus compañeros, se suicidó.
Ni qué decir de la “presentación” de poco más de 15 niños de entre diez y 15 años como integrantes de la policía comunitaria en la Sierra de Guerrero, como consecuencia del asesinato de los diez integrantes de un grupo musical perteneciente a su poblado.
Lineamientos
Es decir que de forma alarmante y ante la prolongación en el tiempo de las disfunciones en seguridad pública, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, los efectos sobre el funcionamiento de los sistemas sociales comienzan a dar muestra de severas alteraciones estructurales. De allí que establecer un área específica, con atribuciones y responsabilidades concretas de cada una de las dimensiones de la seguridad desde luego que contribuye a mejorar la coordinación, administrar de mejor manera los siempre escasos recursos (humanos y materiales), así como contar con recursos jurídicos y procedimentales ágiles, oportunos y, sobre todo, apegados a los lineamientos de la aplicación de la ley con criterios en que prevalezcan el bien mayor; el colectivo, la integridad de las víctimas y la de su patrimonio.
El hecho de que la seguridad interior se vea afectada y alterada por la dinámica de la delincuencia organizada y común remite a que deban participar de forma activa, además de las Fuerzas Armadas, instituciones como la Guardia Nacional. Entonces la autoridad, las estructuras de gobierno, incluyendo a los poderes de la Unión, asumen que las capacidades y recursos aplicados para contener la violencia criminal que deterioran la seguridad pública son de tal nivel que pueden dañar las condiciones cotidianas de vida e incluso el funcionamiento de la democracia como estilo de vida.
Como sabemos, lamentablemente, lo anterior viene sucediendo y agudizándose desde hace poco más de 30 años. Es por eso justificable, aunque no conveniente, que el traslape entre lo que es y cómo se administra la seguridad pública y la seguridad interior haya conducido a no poder distinguir qué ámbitos de responsabilidad directa corresponden a cada una. Y para volver el escenario más complejo al tratarse a la seguridad nacional desde una perspectiva anclada a la seguridad pública la confusión aumenta. Sin duda esto debe corregirse.