A poco más de 20 años de que se transformó el sistema de pensiones en México el actual esquema de ahorro para el retiro se encuentra agotado: ya es urgente realizar una reforma profunda que permita disminuir la carga que tiene sobre las finanzas públicas el pago de jubilaciones y pensiones pues tan solo en la última década se duplicó y seguirá creciendo a tasas aceleradas en los próximos años, de acuerdo con estimaciones de las autoridades hacendarias y organismos internacionales.
La solución a un problema cada vez más agudo pasa en primer lugar por aumentar el porcentaje de las aportaciones que hacen los trabajadores y con ello evitar que quienes se jubilen reciban una mensualidad insuficiente.
Así, la posibilidad de incrementar el porcentaje de las aportaciones de ahorro de unos 60 millones de mexicanos que se encuentran dentro del sistema de pensiones es vista como una solución viable, pero aún quedaría pendiente la situación de 30 millones que trabajan en la informalidad y no recibirán un ingreso durante su vejez.
Frente a este panorama la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) prepara un diagnóstico para impulsar cambios a fondo del sistema de pensiones que se tiene previsto se presente a mediados del presente año.
Ante esta situación compleja se requieren cambios profundos para atender la carga que ya experimenta el gasto público por las jubilaciones, las cuales se incrementarán en un futuro inmediato, por lo que es urgente tomar decisiones para evitar una situación desastrosa para las finanzas de México y que afecte a millones de mexicanos que esperan recibir una pensión digna después de su retiro.
El futuro, a punto de alcanzarnos
Con las reformas al sistema de pensiones en el país a mediados de los noventa del siglo XX se transitó a un nuevo esquema que ha permitido que en la actualidad haya cerca de 60 millones de cuentas de ahorro individual, que a diciembre de 2019 concentraban tres billones 996 mil 138.2 millones de pesos, que representan 16.6% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con información de la Consar.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que este sistema no solo ha protegido los derechos de ahorro de los trabajadores de un segmento importante de la población sino que ha contribuido además a una mayor estabilidad macroeconómica, profundizado el mercado de capitales y ha permitido financiar inversiones productivas a largo plazo.
Sin embargo el documento Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo resalta que el sistema pensional del país enfrenta desafíos muy importantes debido al rápido envejecimiento demográfico, las características del entorno laboral y las deficiencias de los sistemas de pensiones que coexisten.
Respecto del envejecimiento destaca que el porcentaje de población mayor de 65 años pasará de 10 a 20% del total entre 2030 y 2050, situación que hará necesario acumular recursos para hacer frente a la demanda de pensiones en el futuro, aunque reconoce que las condiciones actuales del mercado laboral mexicano dificultan dicha acumulación.
Agrega que durante los últimos años ha sido común que menos de la mitad de los trabajadores activos cotice en algún sistema de pensiones, lo que tendrá consecuencias importantes porque de los trabajadores que cotizan es probable que solo 25% cumpla con los requisitos vigentes para alcanzar una pensión, en tanto que el resto solo tendrá derecho a retirar el saldo de las aportaciones intermitentes que hayan acumulado en su cuenta individual al momento de retirarse.
En su informe el BID asevera que de 25% de trabajadores que alcance una pensión menos de la tercera parte (6.25% del total) acumulará los recursos suficientes para financiar una pensión por encima a la mínima del sistema.
“En suma, la mayoría de la población que se incorporó al mercado laboral a partir de 1998 no tendrá los recursos necesarios para hacer frente a su retiro, y es muy factible que puedan caer en situación de pobreza si no cuentan con otra fuente de ingresos o transferencias”, advierte.
Pocos alcanzarán requisitos
La Consar añade elementos a este escenario preocupante: a partir de 2021 se retirarán bajo el esquema de cuentas individuales alrededor de 80 mil personas por año, las cuales en su mayoría recibirán una pensión negativa o en su defecto obtendrán una mensualidad no suficiente para tener una vejez digna.
Reconoce que bajo el actual sistema solo 26% de jubilados reunirá el requisito de las mil 250 semanas de cotización para acceder a una pensión, y un ejemplo de lo anterior es que de los 75 mil trabajadores que se retiren en 2021 solo 750 tendrá el tiempo suficiente para reclamar una pensión, es decir, aquellos que desde 1997 no han salido nunca del sistema formal.
Además se prevé que de los trabajadores que obtengan una pensión esta será equivalente a únicamente 30% de su último salario.
La Consar afirma que si hay una reforma en el actual gobierno en materia de pensiones “debemos irnos moviendo ya”, puesto que son cambios que requieren tiempo.
En su opinión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe patear el bote hacia adelante como hicieron sus antecesores y buscar reformar el sistema de pensiones.
Asevera que el principal problema del sistema de pensiones es que se incrusta en un mercado laboral caracterizado por la informalidad ya que 60% de mexicanos se gana la vida en ese esquema y hay mucha movilidad entre el sector formal e informal.
También señala que por esa movilidad es difícil que las personas alcancen las mil 250 semanas de cotización ya que en caso de hacerlo y debido a los bajos salarios lo más probable es que el ahorro que tengan no llegue a 700 mil pesos, que es la cantidad mínima para acceder a una renta vitalicia.
Agrega que este año habrá una reforma al sistema, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió a la Consar preparar un diagnóstico sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual debe estar acompañado de propuestas de mejora o solución, lo que consideró como una buena noticia.
Eso quiere decir, apunta la dependencia, que Hacienda pide que se revise el sistema a fondo, se realice un buen diagnóstico y a partir de ahí evaluar la reforma o cambios que involucren a todos los mexicanos.
Riesgo de presión social
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) coincide con el diagnóstico de que es urgente reformar el sistema de pensiones ya que bajo el actual esquema los trabajadores se enfrentarán a la pobreza durante su vejez, lo que podría provocar presión social, como ha sucedido en Francia y Chile.
Como parte de una serie de 15 propuestas para incentivar el crecimiento económico del país plantea una reforma pensionaria para la cual recomienda establecer una sola pensión por mexicano, que consistiría en el pago de al menos mil 500 pesos para toda persona retirada, ya sea que haya laborado en la formalidad o no, cuyos recursos pueden salir de los programas asistenciales que tiene el gobierno federal.
Esta pensión universal, aclara, no sería única sino parte de un modelo compuesto por otros tres elementos: pensión básica contributiva, complementaria individualizada y ahorro voluntario, las cuales en su conjunto brindarían un retiro digno a los mexicanos.
El IMEF explica que la parte básica contributiva sería una pensión con base en las aportaciones realizadas a programas de beneficio definido, siempre y cuando sean financieramente sostenibles: es para todo mexicano que realice las contribuciones necesarias o participe en un plan pensionario de fondos públicos.
El otro punto es la complementaria individualizada, que es el esquema de las Afore, con el cual se prevé que los mexicanos alcancen una pensión de aproximadamente 30% de su último salario.
El último pilar es el ahorro voluntario y para incrementarlo sería necesario aplicar incentivos fiscales.
Otra propuesta es la creación de un sistema nacional de pensiones que deberá integrar todos los esquemas existentes.
Pesada carga
En la última década los recursos del presupuesto federal destinados al pago de pensiones y jubilaciones han crecido de manera significativa: de 2008 a 2018 prácticamente se duplicaron en términos reales, al pasar de 388 mil 660 a 793 mil 734 millones de pesos, lo que representó 2.06% del PIB de 2008 y 3.5% de 2018. La Secretaría de Hacienda estima que en 2023 los recursos destinados a pensiones equivaldrán a 4.1% del PIB, cuando los adultos de 60 años o más (adultos mayores) representarán 12.28% de la población. Debido a la transición demográfica que vive México los recursos se incrementarán al paso del tiempo y se estima que para 2050 el porcentaje de adultos mayores llegará a 21.50%, por lo que una de cada cinco personas tendrá 60 años o más.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Analizan opciones por disminución de pensiones
El gobierno federal y el sector privado analizan opciones para hacer frente a la disminución de pensiones que provocó la utilización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se aplicó en la administración anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asunto amerita atención por la afectación que provocaron las decisiones asumidas en el sistema de pensiones. “Nos llevaría, en el caso de que no se hiciera nada, a que los trabajadores no recibieran su jubilación, lo que aportaron, lo que les corresponde. Hay una devaluación en todo el proceso de pensiones y ya va a empezar esto a reflejarse”. Explicó que durante su administración los primeros casos se estarían presentando en 2024 y luego se incrementará el número de gente que recibiría menos de la mitad de la jubilación que le corresponde. López Obrador informó que su gobierno mantiene pláticas con los sectores privado y obrero para buscar una solución porque, “aunque a nosotros no nos pegue durante el tiempo que vamos a estar, esto va a convertirse en un futuro en un problema grave si no se atiende ahora. Ya estamos viendo el tema y queremos buscar alternativas. Es un compromiso. Estamos contando con apoyo del sector privado, la propuesta viene de ellos, está aceptada por los sindicatos y no afectará a los trabajadores”, resaltó. La introducción de la UMA para el pago de pensiones en 2017 provocó desacuerdos entre si las pensiones debían cuantificarse en esa unidad o en salarios mínimos ya que hacerlo con las unidades representaba una baja en los montos de obtención de la pensión.