Frente a la coyuntura por la reciente ola de violencia contra las mujeres y niñas el Congreso de la Unión lanzó enérgicas condenas y exhortó a las autoridades a sumar esfuerzos para atender y erradicar el feminicidio.
En la Cámara de Diputados, mediante un acuerdo suscrito por integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se aprobó por unanimidad un exhorto a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para sumar esfuerzos con la finalidad de implantar un plan de acción emergente a fin de prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas.
Dicho exhorto solicita que, en el ámbito de sus competencias, se realicen las acciones necesarias para fortalecer las campañas de información, concientización y cultura que prevengan los factores de riesgo que generan violencia personal, estructural e institucional.
De igual manera en San Lázaro se conminó a las autoridades educativas federales y de los estados a que revisen los protocolos vigentes y apliquen medidas eficaces para preservar la integridad, seguridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas y privadas.
A su vez el Senado de la República expresó su más enérgica condena por la violencia que se ha desatado de manera incontrolada contra mujeres y niñas.
En voz de su presidenta, Mónica Fernández Balboa, la Mesa Directiva de la cámara alta pronunció un enérgico rechazo a los recientes hechos: “Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que ni estos ni ningún otro crimen contra las mujeres queden sin castigo y para coordinar estrategias eficaces que abonen a un México sin violencia, en particular sin violencia de género”.
Esta Legislatura, asentó Fernández Balboa, se ha comprometido en la construcción de un país con paz y justicia.
Y en este sentido, agregó, se ha legislado para proteger a las mujeres de toda forma de violencia, así como para garantizar su vida, libertad y seguridad cuando hayan sido víctimas de delitos.
Aumento de penas
La Cámara de Diputados aprobó asimismo un dictamen que reforma el Código Penal Federal para incrementar de 60 a 65 años la pena máxima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio y establecer que la mínima será de 45 años, en lugar de 40.
También prevé endurecer las sanciones consideradas para el delito de abuso sexual contra menores de 15 años y personas que no pueden comprender el significado de esta conducta, con una pena máxima de prisión de 18 años y mínima de diez.
El pleno lo aprobó, en lo general y en lo particular, con 415 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Igualmente se aumentan las penas de prisión establecidas para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosa o negligentemente la procuración o administración de justicia: hoy se prevén penas de tres a ocho años de prisión pero con las modificaciones serían de seis a diez años de cárcel.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, promotor de la iniciativa, sostuvo que el incremento de las penas no eliminará por sí solo la falta de responsabilidad institucional de las altas y bajas burocracias de México, pero es un gran paso que responde a las demandas de la sociedad.
“Es claro que no vamos a remediar el dolor de las familias y hay que aceptarlo: no hemos hecho lo suficiente los gobiernos en cualquiera de sus órdenes. Pero esto nos sitúa en una gran realidad: cuando perdemos una vida, pierde la especie humana, perdemos todos”, señaló Pérez Negrón.
Apuntó el legislador que la violencia de género es un tema que no puede ser ajeno para nadie, independientemente de colores, ideologías y afinidades, e hizo énfasis en que su bancada continuará trabajando en favor de las mujeres y por lo socialmente correcto.
“El feminicidio es un tema de valores, solidaridad y dignidad, porque estamos hablando de abusos contra seres humanos, no de política. Ni una menos. Ni un menor más abusado sexualmente. Ni una mujer más violentada, abusada y asesinada. Las queremos vivas”, puntualizó.
Hostigamiento y acoso sexual
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó también de manera unánime, con 432 votos en favor, reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal a efecto de tipificar los delitos de hostigamiento y de acoso sexual.
Al respecto el dictamen que modifica el artículo 259 Bis y adiciona el 259 al Código Penal Federal establece una sanción de hasta 800 días de salario mínimo de multa, sin perjuicio de las penas laborales y administrativas a las que haya lugar.
El documento que se envió al Senado para sus efectos constitucionales establece que comete el delito de hostigamiento sexual aquella persona que valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona sin su consentimiento.
Destaca que comete el delito de acoso sexual aquella persona que en el ámbito laboral, escolar o cualquier otro en el que no medie una relación de subordinación, realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva a otra persona sin su consentimiento.
En la fundamentación del dictamen el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, de Movimiento Ciudadano, uno de los promoventes, expresó que en México el acoso sexual es un problema de seguridad pública que afecta mayormente a las mujeres.
Norma Guel Saldívar, priista y también promovente de las reformas, llamó a votar en favor de tipificar de manera penal el acoso sexual para que quede por primera vez previsto en el Código Penal Federal.
“No es desconocido para nadie que a lo largo de nuestra historia son diversos los actos de violencia contra la mujer. Y aunque se han dado avances significativos para acabar con ellos la realidad sigue superando a la normatividad”, recalcó Guel.
Recordó que en México una de cada tres mujeres ha experimentado un tipo de violencia sexual, así como siete de cada diez agresiones contra ellas son de índole sexual. Por eso es de suma importancia tomar extrema seriedad en el tema. “No podemos permitir que nos ofendan, denigren, amenacen y afecten nuestra integridad y nuestros derechos más básicos”.
Indicó que el hostigamiento y el acoso sexual es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos. “Estamos convencidos de que se requiere de estrategias y definiciones normativas. Se necesita consolidar, en definitiva, políticas públicas orientadas a garantizar los derechos elementales de nosotras, las mujeres”, puntualizó.
De igual manera en San Lázaro se aprobaron por 442 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, reformas a las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Federal del Trabajo con el objetivo de definir el concepto de hostigamiento sexual y establecerlo como una forma de violencia que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas.
Las modificaciones a los artículos 3, 47, 51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, remitidas al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisan que el acoso sexual se entenderá como una forma de violencia que se expresa en conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva.
También se establece que será causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, el que el empleado cometa hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento.
Al fundamentar el dictamen el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de Encuentro Social, explicó que se tiene como propósito modificar el concepto de acoso sexual e incorporar el concepto de hostigamiento en la Ley Federal del Trabajo.
La finalidad, continuó, es establecer cómo se expresan estas conductas y armonizarlas con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada priista María Ester Alonzo Morales destacó que el acoso y el hostigamiento sexuales son conductas violentas que transgreden la integridad física y sicológica de las mujeres, dan lugar a situaciones de intimidación y humillación impidiendo el goce de derechos y libertades de las víctimas.
Subrayó que el acoso y hostigamiento sexuales son actos de abuso de poder ejercidos en contra de las mujeres, que no deben ser tolerados en ningún ámbito.
Mesa de trabajo
En la Cámara de Diputados se integró el Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio, conformado por doce diputadas y diputados. Los legisladores se coordinarán con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la ruta a seguir en la tipificación de ese delito.
El grupo surgió de la reunión que diputadas de distintos grupos parlamentarios tuvieron con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
La Mesa Directiva de la cámara baja destaca que no solo hay que fortalecer el tipo penal sino apostar a una política integral, eficaz y pronta para prevenir los feminicidios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2018 se registraron tres mil 752 homicidios de mujeres, que es la cifra más alta registrada en los últimos 29 años, lo que en promedio significa la muerte de diez mujeres diariamente por agresiones intencionales.