La contribución de la pesca y la acuacultura en el Producto Interno Bruto (PIB) de México fue en 2018 de 0.08%, cifra que se considera baja si se toma en cuenta que el país ocupa a nivel mundial el lugar número doce en extensión de litorales, el 13 en pesca de captura marina y el 14 en la pesca de captura en aguas continentales.
La paradoja obedece a diversos factores, entre los que se encuentran la falta de innovación tecnológica para mejorar la actividad y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, dice a Vértigo Esteban García-Peña Valenzuela, director de campañas en pesquerías en Oceana México.
“En México la pesca ilegal, esa que no se reporta y no está regulada, representa casi 50% de la pesca total nacional. Esto se puede evitar a través de la adopción de una Norma Oficial Mexicana que garantice la trazabilidad, es decir, tener la ruta de los productos pesqueros desde el barco (cuando se sustraen del mar) hasta el plato”, indica.
Felipe Amezcua Martínez, investigador titular del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM, señala que en México hay una gran cantidad de especies pesqueras, así como gente que las explota; por ende, también provocan varios impactos en lo económico, lo social y lo biológico”.
Huachinango ilegal
A principios de año la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció que a partir del 7 de febrero “a los buques de bandera mexicana que participen en las pesquerías del Golfo de México se les negará la entrada a EU, lo que incluye cualquier puerto; y si ingresan se les negará cualquier privilegio”.
Esta nueva sanción (que continúa vigente) es resultado de una “certificación negativa” que obtuvieron las pesquerías de México en el informe bianual que la NOAA Fisheries entregó en agosto de 2021 al Congreso de EU, donde asegura que esta actividad ilícita de embarcaciones menores de Playa Bagdad hasta Mezquital, en Tamaulipas, provoca la muerte incidental de tortugas marinas en peligro de extinción.
La mala calificación de México tiene que ver, explica García-Peña, con la añeja problemática de los pescadores de Tamaulipas que se cruzan al otro lado de la frontera sin que autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto a pesar de que recibieron advertencias en 2015 y 2017.
“Pescadores mexicanos ilegalmente se pasan a aguas internacionales de Estados Unidos a capturar especies que aquí ya no hay o están agotadas. Un caso clarísimo es lo que pasa en Tamaulipas: está colapsando la población de huachinango, que es una especie de alto valor comercial”, indica.
En este sentido, agrega que afortunadamente son ahora menos los pescadores que se meten ilegalmente a EU a pescar, “pero por esos pocos sancionan a todos los que quieren exportar producto y lo transportan por barco al país vecino, esa es la consecuencia”.
Añade que esta sanción que se impone al país tiene que ver precisamente “con que México no ha controlado a sus propios pescadores”.
Hay zonas, señala al respecto Amezcua Martínez, como San Luis Potosí, que en un momento dado solo tenía un inspector de pesca para todo el estado. “Entonces es imposible que un solo inspector pueda vigilar a todos los embalses del estado”.
También está “la falta de educación, es decir, los pescadores ribereños (o de pequeña escala) muchas veces ni siquiera saben lo básico sobre las normas o reglamentos para las vedas de las especies; tampoco tienen posibilidades de tener asistencia técnica, ni entrenamiento, no saben la biología de las especies”.
Eso “aunado a que en México las especies de más valor solo son unas cuantas, como el atún, sardina y camarón, entre otras”, puntualiza.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) desde 2021 a la fecha se realiza un reforzamiento de inspección y vigilancia en Tamaulipas en el que participan Marina, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la referida Conapesca.
SOS en AMP
De acuerdo con el informe Zonas de protección marina bajo amenaza: casos de pesca ilegal en Áreas Marinas Protegidas y zonas de refugios pesqueros, en un periodo de diez años (2012-2021) más de 10% de las embarcaciones registradas en el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras realizó posibles actividades que violan las restricciones para proteger la riqueza de nuestros mares.
El estudio anota como el caso más grave el del Parque Nacional Arrecife Alacranes, donde se detectaron 106 embarcaciones con actividades en su zona núcleo, un perímetro en el que cualquier tipo de pesca está prohibida.
Alacranes es la estructura de corales más grande al sur del Golfo de México, donde habitan cuatro especies de tortuga en peligro de extinción (carey, laúd, caguama y blanca).
En esa AMP hay 136 especies de peces, algunos de gran importancia comercial como mero, rubia, pargo y 24 especies de tiburón.
“Prohibir la pesca comercial en ciertas zonas permite que estas especies se reproduzcan y desarrollen para después migrar a lugares donde la actividad pesquera es permitida”, indica el estudio.
La segunda AMP más afectada es el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano con 60 embarcaciones detectadas; y la tercera es la Reserva de la Biosfera Islas Marías con 47 registradas en su zona de aprovechamiento, donde solo se permite la pesca de consumo y de fomento, es decir, artesanal y realizada por la población local.
¿Qué hacer?
En México existen 37 AMP. Esta figura legal, como la de los refugios pesqueros, necesita de vigilancia efectiva y constante para que no sea solo un papel y realmente cumpla sus objetivos, indica Esteban García-Peña.
No obstante, señala el especialista, la inspección y vigilancia va más allá de la posible participación de una organización de seguridad: se requiere dotar a la normatividad con mecanismos y sanciones adecuadas e instituciones con la capacidad para supervisar toda la cadena de valor.
En este sentido, dice que actualmente los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Japón, cuentan con sistemas de trazabilidad que exigen conocer el origen de los productos del mar que comercializan.
“De no aprobarse la Norma de Trazabilidad estamos condenando a los pescadores nacionales al eventual cierre de los mercados internacionales. En cambio, la trazabilidad evita sanciones, genera certeza en la legalidad de los productos pesqueros y asegura apertura de mercados internacionales”, finaliza.
Otras peticiones que realizan diversas ONGs y voces del sector a la Conapesca son transparentar y hacer accesibles, a través de plataformas públicas y gratuitas, los datos de monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras, así como realizar un censo pesquero nacional.