La inspección de residuos biológico-infecciosos en el contexto de la pandemia por Covid-19, así como la tala clandestina y el tráfico ilegal de especies, son temas impostergables que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encara de manera distinta en esta nueva realidad.
En entrevista exclusiva Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora Federal de Protección al Ambiente, habla sobre el aumento de algunos delitos ambientales y respecto de lo que hace hoy la dependencia a su cargo para enfrentarlos.
—¿Cuáles son los temas prioritarios que actualmente atiende la Profepa?
—El más importante, ya que se trata del tema que afecta al mundo, es llevar a cabo nuestras funciones de inspección en materia de residuos biológico-infecciosos, específicamente tratándose de residuos de Covid. En 2020 llevamos a cabo casi 400 inspecciones en hospitales, empresas transportadoras y compañías que se encargan de recibirlos para su destrucción. También acudimos a basureros a cielo abierto y a cada empresa que nos fue señalada como que no dio la información completa o fue deficiente para tratar estos materiales. Ahí se ordenaron inspecciones. Hace unas semanas empezaron a participar también en estas inspecciones los hospitales privados. Para este fin tenemos destinados a 150 inspectores.
En este sentido, puntualiza, “cabe mencionar que nuestro objetivo es levantar la inspección pero no estorbar. Y no hacerlo porque la situación es muy delicada. Y también recordar que no es solo ir a hacer la visita sino que es regresar a confirmar que se hizo la modificación”.
Un segundo tema clave, indica, “diría que es continuar ejerciendo acciones para proteger al medio ambiente; escuchar, mediante la denuncia, a los gobernados. Y un tercero, llevar a cabo los actos de inspección pero siempre conforme a Derecho, respetando los derechos humanos”.
—¿Cuáles son los principales obstáculos o trabas que ha enfrentado desde que inició su gestión en diciembre de 2018?
—Hay varios. La presencia de grupos delincuenciales en el caso concreto de las zonas forestales en el país. Tenemos 122 zonas críticas, que representan un riesgo para el ejercicio de las funciones de la Procuraduría, que son eminentemente administrativas. Entonces hay este tipo de situaciones que nos han llevado a solicitar el auxilio de la autoridad de fuerza pública para poder ejercer la función.
Un segundo obstáculo “es la falta de conciencia medioambiental. Creo que aquí (en la Procuraduría) lo que ha faltado es que nosotros como autoridad nos acerquemos de una manera más fuerte, comprometida y decidida al conglomerado social de todo el país, sobre todo ahora que hay más formas de comunicarnos. La autoridad no ha tenido un acercamiento suficiente con los gobernados para decirles: ‘Si nosotros dañamos el ambiente vamos a causar daños a nuestra salud y vamos a afectar el bienestar de la gente’”.
Añade Mendoza: “Tampoco hemos escuchado lo suficiente; y debemos hacerlo, porque la gente que nos trae los mensajes es porque vive los temas, se acerca, denuncia y señala. Sobre todo, en muchas ocasiones, está molesta porque es su entorno al que se está dañando”.
—¿Cuál es la situación en cuanto a tráfico de especies, uno de los temas a los que la Profepa da más difusión?
—Entre 2019 y 2020 aseguramos 24 mil 825 ejemplares. De estos a 2019 corresponden alrededor de seis mil y casi 19 mil a 2020. El año pasado subió de esta manera la cifra porque se aseguraron más de 15 mil tortugas en el mes de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese aseguramiento se dio gracias a que compartimos información con la autoridad aduanal del aeropuerto, con la que trabajamos de manera conjunta. Igualmente realizamos otro aseguramiento en un hecho reciente en Iztapalapa (en noviembre pasado), en el que se decomisaron cerca de 15 mil animales, incluyendo especies protegidas. Este derivó de un operativo conjunto por medio de la Secretaría de Seguridad, concretamente de la Guardia Nacional, pero también participó la Fiscalía General de la República y nosotros. Tenemos datos que comprenden cada una de las entidades federativas; por ejemplo, tenemos aseguramientos en Baja California, con 596 ejemplares; Michoacán, con mil 567; en Tlaxcala, 869 ejemplares asegurados… Estas son las cifras más altas y significativas en estos dos años.
—En su opinión ¿por qué este delito de tráfico sigue latente e incluso aumenta?, ¿qué se requiere para contenerlo: sanciones más fuertes, más operativos, mayor coordinación…?
—Considero que faltan un conjunto de cuestiones. Primero, urge reformar el sistema de delitos en materia ambiental en lo que corresponde a las penas aplicables con motivo de su comisión; hacer reformas previo análisis, por supuesto, desde la Constitución, de tal manera que los delitos ambientales se consideren graves a fin de que quienes los cometan puedan ser sujetos de prisión preventiva oficiosa, que no queden a una situación de prisión preventiva que tenga que ser justificada, porque esto no ha dado resultados.
Puntualiza que “ya tenemos el tema de que los delitos ambientales pueden considerarse como graves en aquellos casos en que los cometan miembros de la delincuencia organizada. Sin embargo la experiencia nos muestra que quienes cometen, por ejemplo, delitos en materia de tala, que es igualmente muy grave, burlan la aplicación de las normas. Esto se puede evitar modificando la Constitución. Desde luego habrá necesidad de que se establezcan disposiciones directas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal manera que no sea absolutamente abierta la prisión preventiva oficiosa”.
Igualmente “consideramos que debe modificarse la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) o lo que corresponde a las infracciones en materia ambiental y a las sanciones aplicadas, porque son verdaderamente laxas, hasta llegar al punto en que conviene más pagar una multa que dejar de infringir la norma. En este sentido debemos impulsar la aplicación de la responsabilidad ambiental para que quien dañe el ambiente repare el daño y lo compense. Y que esto no recaiga en la generalidad de los contribuyentes sino que efectivamente quien dañe sea quien repare, sin que esto se preste a considerar que ‘puedo dañar, al fin que voy a pagar’. De ninguna manera, porque por eso tienen que ir aparejadas las infracciones”.
Otro punto es “utilizar también los avances tecnológicos. Por ejemplo todavía es un poco incipiente pero nos ha dado buen resultado apoyarnos para la práctica en vistas con drones. Tenemos que mejorar todos los elementos de que disponemos. Digamos, geoposicionadores. Asimismo debemos acudir al uso de instrumentos financieros que se prevén dentro de la legislación, como la adquisición de instrumentos por parte de los obligados ambientales para que se pueda hacer mejoría al ambiente. Y es muy importante trabajar con mucha entrega quienes somos servidores públicos en materia ambiental, que no somos tantos pero creo que podemos dar buenos resultados”.