Cuidar a los que una vez cuidaron es uno de los deberes más acuciantes de cualquier sociedad desarrollada.
Uno de los pilares invisibles que sostienen la vida en sociedad es el cuidado de las personas. Sin embargo, por años ha sido entendido como un acto moral, una tarea asociada al género —a las mujeres, mejor dicho— y no como una responsabilidad social.
En México 19 millones de mujeres en edad productiva no tienen empleo porque deben cuidar a otros; personas con dificultades en su vida diaria a las que hay que asear, medicar, mover, alimentar, cambiar, entretener…
Al menos 68% de quienes cuidan tiene más de 45 años y, en promedio, dedica doce horas al día al trabajo de cuidados, pero 92% no recibe un pago o apoyo.
Por tal motivo, la Ciudad de México busca que esta tarea, no siempre sencilla, deje de recaer mayoritariamente en las familias. O, mejor dicho —otra vez—, en las mujeres: a través de la aprobación del Sistema Público de Cuidados se reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como un derecho humano “universal, ineludible, interdependiente, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida”.
Tarde… ¿pero seguro?
Invertir en el cuidado no solo mejora vidas, sino que además activa las economías. El programa de cuidado infantil de diez dólares al día en Canadá, por ejemplo, permitió que miles de mujeres obtuvieran un empleo formal.
Pero no hace falta ir tan lejos, pues en Latinoamérica también hay casos. En Uruguay el Sistema Nacional Integrado de Cuidados formalizó empleos y redujo la pobreza infantil.
En Chile, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un aumento de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en servicios de cuidado infantil podría generar más de 80 mil empleos y sumar hasta 2.2% del PIB en ingresos fiscales.
Los resultados en México están por verse. Aunque desde 2017 la Constitución capitalina reconoce el derecho al cuidado, no había ningún documento que indicara cómo hacerlo efectivo.
Luego de una omisión constitucional que dejó a la propuesta empolvándose por más de tres años, todos los grupos parlamentarios del Congreso de la CDMX, en conjunto con organizaciones civiles, aprobaron la ley que busca sacar el cuidado del ámbito doméstico y privado estableciendo, ahora sí, las instituciones encargadas, los mecanismos y las obligaciones gubernamentales para implementar ese derecho.
De acuerdo con la ley, que modifica los artículos 3 y 9 de la Constitución local, el gobierno de la CDMX tiene 30 años para alcanzar la mayor cobertura de infraestructura de cuidados: estancias infantiles, casas de día para adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, entre otros servicios para reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado.
También conformará un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas y se encargará de establecer un mecanismo para la certificación de personas cuidadoras para profesionalizar esta tarea, de manera gratuita.
No tan rápido
Aunque la medida es positiva, en el mejor de los casos la aplicación y creación de los programas tardará aproximadamente año y medio. Y fue esa una de las varias críticas que emitió el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) a la reforma, al asegurar que su éxito o fracaso dependerá de una “coordinación entre decisiones presupuestarias, institucionales y de política pública que se definan en el reglamento”.
Entre los principales retos estará el tiempo que estipulan los artículos transitorios para la instalación de la Junta del Sistema de Cuidados —un máximo de seis meses— y cuya labor será articular, organizar y crear las políticas y programas. Seguido a ello, la Secretaría de Administración y Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias para la nueva estructura.
El tiempo destinado a la creación del órgano puede resultar ilusorio tomando en cuenta que la aprobación de la ley fue el resultado de “un proceso legislativo que se extendió por más de una década y requirió una amplia articulación de esfuerzos políticos y sociales”.
A esta dificultad se le suma otra, como lograr que el presupuesto y los recursos de las dependencias involucradas se alineen en torno de objetivos comunes establecidos en el Programa de Cuidados. “Las instituciones pueden ser resistentes a los cambios organizacionales y pueden configurarse esquemas de simulación con nulos resultados”.
En línea similar, otro problema a vencer será establecer acuerdos con diferentes actores, como las alcaldías, quienes coordinarán la provisión de servicios, el Congreso, que aprobará anualmente el presupuesto, el cual, según la ley deberá ser progresivo, y con las instancias del gobierno federal, como el DIF, que tienen atribuciones en materia de cuidados.
Pese a la relevancia de la ley, los esfuerzos para enfrentar la demanda de cuidados y la persistente desigualdad de género se antojan —por ahora— insuficientes.