La lucha por la equidad en el sistema de justicia francés y la abrogación de la Doble Pena para extranjeros sigue vigente como parte de una estrategia contra la xenofobia.
Hace 20 años, los extranjeros representaba un 30% del la población carcelaria total. Fue descendiendo hasta representar, hasta 2014, apenas un 18%. Estas son buenas noticias, no obstante, cuando se hace una comparación con la población total del país, llama la atención de que los inmigrantes representen apenas un 6%.
Los datos evidencian que el sesgo discriminatorio, por motivos de etnia o nacionalidad, sigue siendo una regla en la justicia francesa. Aunque extranjeros y franceses son iguales ante la ley, el aislamiento social (por estar imposibilitados para ver a sus familias) y el desconocimiento de la lengua y de los procesos administrativos, multiplican los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia.
Más aún: pese a que se ha debatido su abrogación por décadas, todavía existe el mecanismo legal de la Doble Pena, que permite que además de cumplir su condena por delitos comunes, un extranjero tenga que salir del país, anulándose para el cualquier posibilidad de reinserción social.
Dicha práctica permite que algunos sean enviados a sus países de origen aunque se trate de inmigrantes de segunda generación. Es decir, jamás han estado en el país de donde sus padres salieron para ir a Francia y de cualquier manera son repatriados.
Cumplir una condena en la cárcel y ser obligado a comenzar una vida en otro lado representa ser castigado dos veces por el mismo delito. Eso, en países como Canadá, Estados Unidos, India y México, representa una violación al derecho fundamental constitucional a no ser condenado dos veces por un mismo hecho.
No tomar estas prácticas en cuenta a la hora de hacer una evaluación sobre el nivel de inclusión social en un país, representa una grieta que impide la solución a la discriminación y al xenofobia. La igualdad legal no necesariamente implica equidad frente a las desventajas con las que un inmigrante en Francia tiene que enfrentar un conflicto legal. Los usos y costumbres deben reformarse tanto como las leyes para mejorar los sistemas de justicia.