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Hay 8,866 resultados
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El presidente ucraniano exhorta a seguir la lucha contra las agresiones y el terrorismo -
Repite su dominio en ciudades claves y asesta revés al presidente Erdogan
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Con Santiago Taboada, diputados prometen justicia para quienes perdieron la vida por la descontrolada pandemia
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Senadoras y senadores no han cumplido con su obligación constitucional, dijo.
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El 45% de estadunidenses señalan que es una crisis
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Líderes opositores han tachado la detención de antidemocrática y acusan al BJP de utilizar la agencia federal para atacarles
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En cualquier democracia estable, con instituciones, leyes, reglas, procedimientos, presupuestos consistentes, partidos políticos de cobertura nacional, militancias y dirigencias activas, así como un indispensable contraste de cada una de las plataformas electorales y sus contenidos ideológicos, de ninguna manera el miedo y la incertidumbre propiciados por las actividades del crimen organizado y la delincuencia común debieran poner en entredicho la viabilidad de la tan compleja y a la vez dinámica política electoral que implica la democracia. Pero en el caso de México es así.
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“Se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
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De acuerdo con lo marcado por nuestra Constitución política faltan solo unos días para que este próximo 30 de abril concluya el periodo ordinario de sesiones de este año legislativo, el último para diputados y senadores de la LXV Legislatura.
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La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México demanda que se apruebe la Ley de Trabajo No Asalariado —congelada desde los primeros meses de esta legislatura— porque daría garantía de trabajo a todos los grupos y organizaciones de comerciantes que actualmente son violentados, impidiendo que lleven el sustento a sus familias.
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La ley debería proteger los derechos y libertades de cada ciudadano
