Durante el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 27 de octubre de 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 59 declaratorias en contra de igual número de servidores públicos que no aclararon la procedencia del incremento sustancial de su patrimonio; es decir, no aclararon el origen lícito del aumento de sus recursos, en relación con las percepciones salariales que el Estado les otorga con motivo de su cargo.

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