Pedro Kumamoto, diputado local electo para el Congreso de Jalisco, publicó en redes sociales los gastos que realizó durante su campaña.

Las organizaciones de taxistas han convulsionado a la capital: quieren la exclusividad y apoyan a los piratas. Para que el piso sea parejo, Acción Nacional presentó una iniciativa para modificar el Código Fiscal y la Ley de Movilidad en un periodo extraordinario y regular al transporte privado.

El fin de campaña se ha convertido en un alivio para los mexicanos, pero no porque haya llegado ya el momento de depositar el voto en las urnas sino porque el alud de spots de campaña se ha vuelto una verdadera agresión para los ciudadanos.

Comienza la semana previa a las elecciones del próximo 7 de junio. En cuanto a calidad de las campañas y sus elementos contextuales, sin que sea prematuro, ya se puede hacer un balance inicial.

“El México que Merecemos” es una campaña de 25 organizaciones sociales que piden a los candidatos comprometerse con los temas que le importan a los ciudadanos.

Uber es motivo de controversia en la Ciudad de México en días recientes, debido a su conflicto con las organizaciones de taxistas capitalinos.

Un hombre japonés de 68 años decidió tirar las cenizas de su esposa al baño, bajo el argumento de que la mujer le “hizo la vida difícil”.

México tuvo en 2014 una Reforma Electoral que modificó varios aspectos del sistema democrático. Uno de ellos es el de los candidatos independientes.

Dentro de las promesas de campaña de algunos candidatos a diputados federales que publicaron en la plataforma del Instituto Nacional Electoral y Voto Informado destacan iniciativas que ya existen.

El actor Johnny Deep está en un verdadero dilema debido a que tiene 72 horas para sacar a sus perros de Australia o serán sacrificados.

Un taxista de la Ciudad de México amenazó con meterle “un pinche balazo” a un ciclista que lo encaró para reclamarle por rebasarlo a menos de un metro y medio de distancia.

El apoyo de casi 2,600 millones de pesos que destinarán a resarcir el daño ocasionado a los poco más de 6 mil ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular Ficrea es calificado por analistas, legisladores y dirigentes sociales como una medida de rescate privado con fondos públicos.