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Anualmente mueren en el mundo dos millones 400 mil empleados por enfermedades relacionadas con su labor
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La decisión de impulsar la realización de una consulta popular en torno de los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la actual conformación del Congreso representa para algunos un ejercicio estéril. En principio, por el derroche de recursos públicos en la organización, promoción y desarrollo de la misma y, en segundo lugar, porque ya está demostrada la bajísima respuesta de la sociedad en tales ejercicios. La situación es clara y no requiere de mayores aspavientos que solo polarizarían aún más a la sociedad.
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Se necesita la colaboración de varias disciplinas y saberes
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La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que, con inversión cercana al billón de pesos durante el actual sexenio, el Gobierno de México demuestra que las personas adultas mayores pueden vivir de manera digna y con pleno goce de sus derechos constitucionales, mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un sistema no contributivo y de carácter universal, el más grande de América Latina.
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Agenda legislativa debe tomar en cuenta tecnologías
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Establece suspensión de derechos para ocupar cargo público
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Alertan retroceso en protección de derechos infantiles
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Las modificaciones promoverán la participación ciudadana, el combate a la corrupción y la justicia en la capital del país.
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Plantean los cinco principales problemas que identifican en el estado que buscan gobernar, así como las cinco prioridades de su administración en caso de ganar en las urnas.
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El pueblo sabio expresó ya su opinión acerca de las consultas populares. En agosto de 2021 el presidente López Obrador promovió una para que los ciudadanos decidieran si debía enjuiciarse o no a sus predecesores en la Presidencia de la República. Como el tema no podía ser legalmente objeto de una consulta, ya que los derechos individuales no pueden ser retirados por voto popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la pregunta para referirse a los “actores políticos” del pasado en lugar de a los expresidentes con nombres y apellidos, pero sí permitió, en una votación de seis a cinco, que se llevara a cabo.
