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El último proceso electoral dejó pruebas de que el modelo no cumple con el cometido promover la participación de los ciudadanos en la vida pública del país; por el contrario, “bombardea”, molesta y aleja a los mexicanos con spots superficiales, no disminuye la guerra sucia entre partidos y limita la libertad de expresión. -
El fin de campaña se ha convertido en un alivio para los mexicanos, pero no porque haya llegado ya el momento de depositar el voto en las urnas sino porque el alud de spots de campaña se ha vuelto una verdadera agresión para los ciudadanos.
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“Que se muera uno de los chavos a los que ayudas es lo peor que le puede pasar a un educador que trabaja con poblaciones en situación de calle”, dijo el psicólogo Daniel Espinosa Cruz, quien desde hace 7 años recorre paraderos de la Ciudad de México para brindar ayuda a jóvenes vulnerables.
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Los desencuentros en el actual proceso electoral no se registran solo entre el juez y el árbitro, sino que este choca también con los propios partidos políticos.
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Eruviel Ávila Villegas, gobernador del estado de México, aseguró que el servicio de transporte privado Uber, no podrá operar en la entidad por ser considerada competencia desleal.
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La actual contienda electoral empezó con una tragedia, la de los normalistas de Ayotzinapa, pero termina convertida en comedia del absurdo como consecuencia de la difusión de una conversación telefónica del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien parecería haber tomado un curso posdoctoral en lenguaje de carreteros.
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Guillermo Regla Vázquez, candidato suplente a regidor de Colotlán, Jalisco, presumió sus vínculos con la policía municipal y amenazó a unos ciudadanos de quemar su carro y mandarles al FBI.
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El 29 de abril pasado, la Cámara de Diputados dio luz verde a que los vehículos que viajen por carreteras federales cumplan con una verificación física, mecánica y de emisiones contaminantes.
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Las siglas AIIB son por Asian Infrastructure Investment Bank (Banco Asiático de Inversión en Infraestructura) y designan al nuevo villano favorito del esquema financiero occidental que ha regido al mundo durante el último siglo.
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El apoyo de casi 2,600 millones de pesos que destinarán a resarcir el daño ocasionado a los poco más de 6 mil ahorradores defraudados por la sociedad financiera popular Ficrea es calificado por analistas, legisladores y dirigentes sociales como una medida de rescate privado con fondos públicos.
