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El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmaron diversos convenios de colaboración para, entre otras acciones, compartir sistemas y herramientas como el Sistema Integral de Fiscalización para conocer el avance de los ingresos y gastos de los actores en las campañas, con la finalidad de dar certeza al resultado de las elecciones del 1 de julio próximo. -
Se prevé que la economía crezca entre 2.5 y 3.5 por ciento
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En las últimas décadas, la corrupción del servidor público se ha convertido en uno de los más graves y grandes flagelos que causan perjuicio en las instituciones del Estado mexicano y de la sociedad que lo constituye, debido a las repercusiones que entraña en su desarrollo.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de precampaña de los ingresos y gastos a diversos cargos de elección popular correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, en el que, tras revisar operaciones de 1,931 precandidatos de partidos políticos a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, determinó imponer sanciones por más de 39 millones de pesos.
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Dijo que su decisión obedeció a razones de seguridad
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Se investigarán irregularidades de aspirantes independientes
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Se deben considerar aspectos como el presupuesto y el salario.
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El senador Héctor Flores Ávalos propuso modificar el marco jurídico que rige el ámbito monetario, para que la onza plata Libertad sea explotada y aprovechada como medio de ahorro, y para perfeccionar su utilización como un instrumento alternativo y complementario al ahorro en pesos.
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Al confirmar el Dictamen Consolidado y la Resolución del INE respecto a las irregularidades encontradas en la revisión del Informe Anual de Morena, correspondiente a 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó, por mayoría de votos, que, a partir del presente ejercicio (2018), los partidos políticos deberán devolver al erario público los remanentes del financiamiento público entregado para actividades ordinarias y específicas que no hayan sido comprobados, utilizados o devengados durante el año.
