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La conforman Bernardo Bátiz, Eva Verónica De Gyvés y Alejandro Gertz -
Morelia, 17 Enero.- Un total de 35 aspirantes fueron los que se registraron para ocupar la Fiscalía General del estado, de acuerdo con la lista final, entre los interesados se encuentran el actual procurador de justicia, Martín Godoy Casto y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato.
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El Pleno del Senado de la República aprobó –por 96 votos en favor y 21 en contra- un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene la lista de 10 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de la República, misma que fue remitida al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
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En el Senado de la República, ante la Comisión de Justicia, continuaron las comparecencias de los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. En este segundo día acudieron a la cita los 12 aspirantes restantes a exponer las propuestas que implementarían en caso de ser elegidos.
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Al Congreso de Jalisco no le competente legislar en temas migratorios: Corte
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Esto tras las denuncia de la organizaciones TOJIL y MCCI
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Los legisladores que integran la Comisión de Justicia del Senado de la República, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, escucharon el plan de trabajo y experiencia de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Hoy comparecieron 15 candidatos, y este martes los 12 restantes.
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Prevé el senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva
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En el análisis de perfiles de los aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, se privilegiaron aspectos como que cuenten con un alto reconocimiento social, gran experiencia en la procuración de justicia, credibilidad y la confianza del pueblo mexicano, señaló Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
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Es un triunfo del debate público que se ha generado.
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Las omisiones de diferentes autoridades federales, estatales y municipales para prevenir los actos de violencia que derivaron en que aproximadamente 5,266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, se vieran obligadas a salir de sus viviendas, dio origen a la Recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
