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Expertos designados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán a México este domingo 1 de marzo para realizar análisis del caso de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
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Jesús Murillo Karam dejará de encabezar la Procuraduría General República (PGR) y la senadora con licencia Arely Gómez González lo sustituiría.
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Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron la manifestación del Ángel de la Independencia a los Pinos, durante la cual anarquistas hicieron pintas y al final hubo varios detenidos.
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Miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades de México y el mundo para conmemorar los 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Documentos proporcionados por la Fiscalía de Guerrero avalan que la Comisión Estatal de Derechos, el Ministerio Público de Guerrero y una comitiva de estudiantes junto a familiares de los normalistas de Ayotzinapa, ingresaron al cuartel del 27 Batallón de Infantería para realizar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.
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El Partido de la Revolución Democrática avaló un paquete de 56 candidatos a diputados federales por mayoría y dejó pendientes a 48, en entidades donde existe controversia, los cuales serán seleccionados el 10 de marzo.
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Le invito a que juntos hagamos un ejercicio que se llame “¿Y si no hubiera pasado?” Supongamos que por tal o cual motivo —y todos desearíamos que así hubiese sido— la tragedia de Iguala del 26 de septiembre del año pasado se hubiera evitado. Y en este ejercicio hipotético el entonces alcalde de aquel municipio, José Luis Abarca, seguiría en funciones. ¿Usted cree que así se hubiese descubierto el vínculo criminal de los Abarca-Pineda? En este entendido, en este momento veríamos a la señora María de los Ángeles Pineda más que lista y en espera de hacer precampaña para suceder en el cargo a su impresentable esposo, y a este, a su vez, buscando acomodarse en alguna curul estatal o federal. Siguiendo con el juego de suposiciones, no nos cabe la menor duda de que Ángel Aguirre Rivero seguiría al frente del estado de Guerrero. Y siendo así, ¿hubiera salido a la luz pública el desvío de recursos del erario local y federal por parte de Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del hoy gobernador con licencia?
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Nada ilustra mejor el colapso de las opciones políticas para el país que el movimiento de los padres de los 43 normalistas secuestrados por el alcalde del PRD en Iguala, Guerrero: que sus hijos ya dictaminados muertos regresen vivos y que no haya elecciones legislativas en julio. Nada más.
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La Policía Federal (PF) impidió que familiares de estudiantes normalistas desaparecidos tomaran casetas de peaje en la Autopista del Sol, en Guerrero.
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Los pasados días 2 y 3 de este mes nuestra nación fue convocada para evaluar el Informe-País respecto de uno de los delitos más sensibles y difíciles de tratar: la desaparición forzada de personas.
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La Procuraduría General de la República (PGR) subrayó que no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
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Durante su campaña política en 2012 el presidente Enrique Peña Nieto hizo de la corrupción uno de sus temas fundamentales. Propuso, en particular, crear una Comisión Nacional Anticorrupción para atacar el tema en todos los niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— y de una manera integral.
