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Permitirá poner a las personas al centro de las políticas públicas.
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Con el objetivo de fortalecer el régimen de denominaciones de origen nacional, e incluir, la figura de indicaciones geográficas, el Senado de la República aprobó un dictamen que reforma la Ley de la Propiedad Industrial.
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Al inaugurar en el Senado el seminario internacional “Los ministerios públicos y el combate a la impunidad en América Latina: reflexiones desde la experiencia de Perú, Brasil, Chile, Guatemala, Argentina y México”, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refirió que México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de los intereses políticos.
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Presentan ante el Pleno del Senado de la República un proyecto de decreto por el que se pretende expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de adopción, con el cual se podrán evitar trámites judiciales de tiempos largos, al establecer un plazo de 60 días y tres audiencias para la adopción.
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Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017
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Expresa su disponibilidad para colaborar con la justicia belga
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Se estima que el proyecto esté terminado en 2022
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Con el acuerdo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política de esta cámara emitirá, la próxima semana, la convocatoria para la elección del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (Fepade).
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Al clausurar el foro internacional Debates Electorales: El reto hacia 2018, el consejero Marco Antonio Baños afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en práctica las conclusiones de este ejercicio para la realización de verdaderos ejercicios de deliberación y discusión entre los candidatos.
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Los 32 Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) en el país se instalaron este 1 de noviembre para organizar el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como llevar a cabo tareas de seguimiento y acompañamiento en los procesos electorales locales de cada entidad.
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Sanciona de tres meses a tres años de prisión
