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Hay 18,699 resultados
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Tesla deseaba, por así decirlo, democratizar la electricidad y que la usara todo el mundo sin costo.
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Imposible quitar los OPLE en regiones de usos y costumbres, dicen
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Ayudaría mucho que el presidente no nombre a los candidatos a ministros de la SCJN.
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó como fundadas tres quejas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de Morena, por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que hay un avance de 70 u 80% en el contenido de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que se trabaja en una propuesta para garantizar la presunción de inocencia y la reparación del daño.
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Crear empleos y bienestar es la única salida a la migración masiva.
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Dos personajes que hicieron de su vida una aventura épica sin importarles su condición de féminas ni las costumbres sociales.
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las instituciones, las leyes y la autonomía e independencia de los Poderes y órganos constitucionales tienen la mayor importancia en nuestro sistema democrático y legal, y deben respetarse y mantener su vigencia, sin importar las personas o grupos en el poder. La defensa de la legalidad y de los derechos humanos son prioridades fundamentales y obligaciones, tanto para las autoridades como para la sociedad, y constituyen la mejor protección contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria, además de ser la columna vertebral de nuestro sistema democrático.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es fundamental para “pegarle a la columna” financiera de la delincuencia organizada e inhibir los ilícitos cometidos por servidores públicos.
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Las autoridades deben sujetar sus actos a la Constitución y a sus leyes
