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Esta es una fecha que tendremos que recordar por mucho tiempo: el 1 de septiembre de 2025 pasa a la historia como un día negro para los derechos humanos en nuestro querido México. Y no, no es porque la fecha corresponda a la entrega del primer informe de gobierno de la presidentE (sí, con E, que es la forma correcta), la “encargada” del Poder Ejecutivo. La inmensa mayoría de las personas no se da cuenta de que en esa fecha se consumó el golpe de Estado concebido y perfectamente ejecutado por AMLO y su Organización Criminal del More-Narco (OCMN):
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Fue elegido por el parlamento con 311 votos de 492
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Solicitó a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, que se cumpla con la Constitución y se publique la reforma al Artículo 123 en materia de salarios
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Será el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores
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La nueva época de los órganos judiciales es una oportunidad para que se cumpla el derecho de los ciudadanos a recibir una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución, sin importarsu condición social o económica.
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Entre los principales temas a debatir están la reglamentación secundaria para el Poder Judicial y el Paquete Económico de la Federación para 2026.
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Adelantó que “no vamos a permitir que se instale una narcodictadura terrorista y comunista en nuestro país”
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La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, encabezó la sesión
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El presidente y fundador de Grupo Salinas afirma que las autoridades lo acusan de no pagar impuestos para usar el tema como “distractor”, con el fin de ocultar los graves problemas del país.
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Hubo un tiempo en nuestro país en que los políticos de distintos partidos podían debatir acaloradamente, irritarse y cuestionarse, pero al final llegaban a acuerdos y convivían de manera civilizada. Ese tiempo parece haber terminado ya.
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En México, la justicia llega a cuentagotas. No basta con tener leyes justas si no hay personas justas para aplicarlas. La exigencia social es clara: un Poder Judicial con eficacia, transparencia y perspectiva de género. Y es ahí donde la figura de Celia Maya, presidenta electa del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, se convierte en pieza clave.
