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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad, la resolución de la Sala Regional Especializada que impuso una amonestación pública al Partido Encuentro Social (PES) por haber difundido en radio y televisión un promocional con presunta propaganda calumniosa, y dejó sin efectos las medidas cautelares concedidas. -
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad, la resolución de la Sala Regional Especializada que impuso una amonestación pública al Partido Encuentro Social (PES) por haber difundido en radio y televisión un promocional con presunta propaganda calumniosa, y dejó sin efectos las medidas cautelares concedidas.
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Las penas por rebelión establecen hasta 30 años de prisión
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Lanza estrategia para la reconstrucción con enfoque de derechos de infancia
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Después de los sismos que afectaron varios estados de la República, la sociedad mexicana ha demostrado su apoyo incondicional hacia los damnificados, a través de la movilización o la aportación de víveres y materiales utilizados para el rescate de víctimas, comentó la senadora Verónica Martínez Espinoza.
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Reprueba a quienes se han aprovechado de la situación
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Los jueces tienen calidad de asilados y residencia por dos años
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Las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados acordaron impulsar una agenda legislativa conjunta, la cual contendrá temas prioritarios como la Fiscalía General de la República.
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Para evitar el uso político o personal del apoyo a personas afectadas por un desastre natural, en el Senado se propuso sancionar con seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a cien días multa, a quien condicione el voto o realice promoción partidista o de difusión personal de su imagen o de un tercero, a través de la entrega, ofrecimiento o intercambio de apoyos o donaciones a víctimas.
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Ante el problema de la corrupción que enfrenta el país actualmente, es indispensable establecer una sanción que garantice que los servidores públicos no incurrirán en faltas administrativas graves, pues este delito afecta la relación entre gobernantes y gobernados.
