Alberto Barranco Chavarría
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Pendiente aún la posibilidad de que la Suprema Corte atraiga los 580 amparos colocados por otras tantas empresas y particulares de Coahuila contra la imposición de gravámenes extraordinarios para pagar la colosal deuda comprometida por el ex gobernador Humberto Moreira, el PRI en el Congreso está pidiendo una suerte de amnistía para los responsables de una fiesta que culminó en formidable resaca.
Firmada por media docena de senadores, la posibilidad plantea dos salidas: que el gobierno federal condone las deudas pactadas con bancos de desarrollo, con énfasis en Banobras; y, que, en paralelo, cree una partida especial a título de fondo contingente para cubrir los débitos con bancos privados.Así de fácil.
La exposición de motivos habla de evitar la asfixia no sólo de entidades federativas, sino de municipios, justificando el brutal endeudamiento por la reducción de las participaciones federales, el crecimiento de la población en cuyo eje se demandan más servicios, y la inequidad de las fórmulas para la asignación de las partidas presupuestales.
Lo cierto es que hace tres años, al inicio de los aumentos mensuales en el costo de las gasolinas y diesel, se dijo que parte del nuevo ingreso iría justo a las entidades federativas y municipios.
Y lo cierto es que en el reino de la opacidad la mayoría de las entidades sobreendeudadas no ha rendido cuentas a sus Congresos locales sobre el destino de los recursos. ¿En qué, por ejemplo, mejoró la infraestructura de Coahuila con los 36 mil millones de pesos que obtuvo vía deuda el gobierno saliente?
Bacanal
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en los últimos doce años las deudas de las entidades federativas y municipios han crecido 345.2 por ciento.
Si al inicio del gobierno foxista se ubicaban en 90 mil 731 millones de pesos, hoy ascienden a 404 mil 409.
En el ámbito concreto de los municipios, el débito saltó de 14 mil 600 millones a 44 mil 800, en este caso sólo en el actual sexenio.
En la fiesta los gobiernos locales comprometieron como garantía las partidas a futuro de recursos federales; es decir, se gastaron anticipadamente lo que le correspondía a sus sucesores, dejando -como en Acapulco- las arcas vacías.
Total, siempre existe la posibilidad de que algún político o financiero en el desempleo diseñe una ruta para la reestructura; es decir, pagar deudas viejas emitiendo bonos de deuda nueva... por más que la rendija (o sea, la opinión de las calificadoras) es cada vez más estrecha; lo que implica encarecer los réditos.
Lo inaudito del asunto es que pese al desequilibrio entre ingresos y egresos pocas son las entidades federativas que se preocupan por incrementar la recaudación local. Son escasas las ciudades que cuentan, por ejemplo, con un catastro actualizado para el pago del impuesto predial.
Y para qué hablar del padrón de consumidores de agua, cuyos agujeros se tapan bajo el cobro de cuotas fijas.
¿Cuántos municipios están en peligro de que la Comisión Federal de Electricidad les corte el alumbrado público por falta de pago?
¿Borrón y cuenta nueva para quienes se tomaron todas las copas regando pagarés con cargo al pueblo?
¿Les pagamos la bacanal?