Desahogado el accidentado proceso electoral, en cuyo escenario se desgastó la interlocución del Pacto por México, el siguiente capítulo será aún más espectacular. La batalla del milenio para el sí o no a dos reformas torales para el país: energética y hacendaria.
Aunque la prudencia plantearía separar las propuestas, la lógica exige integrarlas dado su estrecha relación, se diría siamesa.
Si, como se plantea, el escenario apunta a bajarle la carga fiscal a Petróleos Mexicanos, el boquete tendría que llenarse con nuevos tributos a cargo de la población.
Aunque en el peor de los escenarios, en 2006, el ingreso fiscal del país lo llenaba Pemex con una aportación equivalente a 38%, que en 2009 había bajado a 31%, la carga sigue siendo abrumadora.
El año pasado, pese a la caída de la producción y del precio internacional del petróleo, la participación llegó al 33.4 por ciento.
De cada peso que ingresó a las arcas públicas, la tercera parte vino de Pemex.
El escenario es patético. De entrada, la principal empresa pública del país reclama recursos para exploración y explotación, en un escenario en que la posibilidad de encontrar combustible en aguas someras se agotó, y escenarios como el campo de Chicontepec reclaman inversiones cuantiosas dada la aridez del terreno.
Aunque México está colocado entre los 20 países con las reservas mayores de petróleo (13 mil 868 millones de barriles de crudo equivalente), la producción solo garantiza el consumo de diez años.
Interrogantes
El país, pues, reclamaría diversificar su oferta con un mayor valor agregado.
Encerrado en un círculo vicioso, Petróleos Mexicanos le entrega algo más de sus ganancias al país por concepto de derechos, aprovechamientos y tributos, en tanto la Secretaria de Hacienda le da recursos para operar.
Este año, por ejemplo, 14.1% del presupuesto de gasto se destina a la paraestatal. Estamos hablando de un punto porcentual menos de las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios.
El escenario es idéntico al de la Comisión Federal de Electricidad a la que, bajo un marco impositivo similar, se le otorga 8 % del presupuesto.
La ortodoxia plantearía que la empresa pública manejara sus propios gastos… sin la asfixia del fisco, cuya presión mantiene a Pemex en un escenario de quiebra técnica; es decir, sus deudas son superiores al valor de sus activos.
El problema es cómo llenar el formidable boquete, en un escenario en que tradicionalmente las inversiones en el país se detonan vía el gasto público en infraestructura.
De no “jalar” el gobierno la carreta, la opción sería otorgar estímulos a la inversión privada, al menos en media decena de ramas especificas… lo que profundizaría el problema de ingresos, en un escenario en que el gasto social es menor a las necesidades de la población y la infraestructura del país está en pañales.
¿Aguantarían sectores en crecimiento como los de telecomunicaciones, eléctrico, construcción, industria aeroespacial, nuevos tributos específicos?
¿Tendría fuerza la población para cargar con un incremento del impuesto al consumo, además de homologar la tasa general del IVA con la aplicable para alimentos y medicinas?
¿Sería suficiente incorporar a la economía informal al redil?
Como lee usted, el galimatías parece imposible. Menos asfixia para Pemex; más recursos para las necesidades urgentes del país; menos carga para las empresas privadas…
¿Tendrán la fórmula mágica los partidos políticos?