Detrás de la demanda colocada en Estados Unidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) contra la empresa alemana Siemens, a quien se acusa de haber obtenido un contrato vía la entrega de sobornos, hay una historia de horror que revive la tradicional rapiña de los funcionarios de la paraestatal.
El contrato de la discordia para reconfigurar y modernizar la refinería de Cadereyta, Nuevo León, se firmó en 1998 vía un consorcio de razón social Comproca, al que concurría también la firma coreana SK Engineering & Construction.
Su costo, pagadero a la conclusión de la obra bajo el esquema de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), sería de mil 800 millones de dólares, lo que representaba una ganga.
Ninguna empresa mexicana podría haber alcanzado tal precio sin resentir pérdidas.
El caso es que, para compensarse, los coreanos y alemanes importaron insumos de pésima calidad, a contrapelo de las reglas que hablan de un porcentaje mínimo de contenido nacional. Más aún: gran parte de la mano de obra, al menos en lo que tiene que ver con soldadura, les salió gratis, al traerse a 400 jóvenes coreanos que canjeaban cuartel por trabajo en un escenario en que el servicio militar en el país oriental es de dos años.
El caso es que al cinco para las doce del final del sexenio zedillista se decidió inaugurar las obras... por más que faltaba mucho por terminarlas.
El listón se cortó cuando las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolinas apenas podían trabajar a la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.
Y si le seguimos, aún no se concluían las plantas refinadoras de petróleo ligero, hidrosulfatadora de naftas y transformadora de naftas… por más que la paraestatal había obligado a cambiar 300 válvulas que, a juicio de los peritos no reunían la calidad requerida.
Recursos
El petróleo para realizar una prueba debió traerse del puerto Dos Bocas, Tabasco.
Lo inaudito es que teniendo a la vista un escenario más que justificado para demandar a coreanos y alemanes, Pemex se colgó la soga al cuello al aceptar la firma de un finiquito que le obligaba a pagar la factura a partir de 2001.
El documento lo avaló el propio ex director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
Ahora que, meses antes, la empresa pública, en este caso bajo la administración de Rogelio Montemayor Seguy, había firmado documentos en los que aceptaba, (¡válgame Dios!) un posible adeudo a favor de Comproca “por trabajos complementarios y ajuste de cuentas críticas”.
Con estos en la mano el consorcio planteó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, exigiendo un pago adicional de 698 millones de dólares, según ellos por vicios ocultos en el contrato.
En patada de ahogado, a su vez, la paraestatal colocó un reclamo de 788.9 millones por la entrega incompleta de la obra y el uso de materiales de segunda.
Comproca ganó el litigio, por más que no se ha cubierto el recurso reclamado al plantear Pemex un amparo contra la sentencia de un juez que homologó la resolución con las leyes mexicanas.
La transa, pues, era simple: ganar los contratos como sea, para luego exigir pagos adicionales.