La puesta en marcha de la segunda etapa de la estrategia de combate contra el crimen organizado dejó en claro la percepción del tamaño del problema: las bandas delictivas se han apoderado de espacios territoriales de la soberanía del Estado nacional. La decisión de organizar una lucha frontal tiene que ver con una política de Estado.
El hecho de que la segunda etapa parta de la primera dejó muy fuerte la decisión del Estado de combatir organizaciones criminales que le disputan hegemonía. La continuidad era necesaria, con los ajustes propios de prioridades de cada uno de los gobiernos: el pasado, panista, y el actual, priista.
Pero al final de cuentas las dos establecieron la decisión de frenar el avance de los cárteles en la República.
A las dos estrategias les faltó un estudio a fondo para determinar por qué el crimen organizado de pronto se apareció como un monstruo de mil cabezas; por qué las bandas criminales rebasaron a las autoridades estatales y municipales; y hasta dónde han penetrado no sólo los espacios territoriales, sino las estructuras policiacas y de gobierno. Es decir, el país aún necesita saber de qué tamaño es el dragón del crimen organizado.
Destaca, eso sí, la decisión de combatir a las bandas criminales para hacerlas retroceder. El hecho de que haya tenido que acudir a las Fuerzas Armadas, de manera sobresaliente al Ejército, indica la dimensión del problema: la capacidad de corrupción, armamento y penetración de los criminales rebasó con mucho a las instituciones de seguridad pública.
Pero mientras los militares se batían con los criminales, las instituciones legislativas fueron demasiado lentas en la modernización de las leyes y los gobiernos estatales no se comprometieron con el saneamiento de sus cuerpos de seguridad.
Panorama
A partir del análisis de lo realizado en el sexenio pasado se podrá determinar lo que hace falta en la segunda etapa. Llama la atención en la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto la insistencia en la organización de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, porque ahí se localiza el principal problema.
Pero también es de destacarse el hecho de que el crimen organizado es una estructura de poder político y, por tanto, le rebate espacios a la política institucional.
El punto central de toda estrategia de seguridad radica en tener un panorama claro del adversario, de sus fortalezas y debilidades; y a partir de ahí construir estrategias integrales, colaterales y centrales. Si bien es cierto que uno de los problemas de la estrategia del sexenio pasado radicó en los derechos humanos y en las víctimas, no debe perderse de vista que esas son algunas de las consecuencias del problema central: los criminales que corrompen y producen enervantes, las policías estatales que no vigilan ni combaten, y de manera muy significativa la demanda de estupefacientes en el mercado de consumo de Estados Unidos.
Si era necesaria una nueva reorganización de las instituciones de seguridad del Estado, la prioridad debe seguir siendo la anulación del poder económico, bélico y político del crimen organizado. Los cárteles nacieron y se fortalecieron no sólo por la incapacidad de las autoridades, sino también por un tema que hasta ahora no ha sido desahogado en las estrategias: la complicidad pasiva o activa de la sociedad por su decisión de acogerse a los beneficios de bienestar de corto plazo de los cárteles.
La prueba de fuego de la estrategia del presidente Peña Nieto estará determinada por resultados en el aplastamiento de los cárteles.